Los datos recabados hasta ahora son de 10 de los 24 distritos del país que respondieron a la requisitoria judicial e involucran $7,5 mil millones al año. El fiscal pidió suspender esos planes.
El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales que cobran $7.5 mil millones anuales, según datos que obtuvo hasta ahora de 10 de las 23 jurisdicciones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
En Buenos Aires, el gobernador reelecto Axel Kicillof dispuso que cada uno de los ministros cumpla con la demanda judicial.
Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Les pidió “hacer cesar los efectos del delito“, mediante la suspensión o baja, y una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.
Lo fundamenta en que vienen siendo percibidos “en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
La acusación que pesa sobre los involucrados, según los informes provinciales, es “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
La fiscalía federal esgrimió el de Jujuy como uno de los ejemplos, al observarse 652 incompatibilidades.
“A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales”, señaló.
Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego son loa 14 distritos que no presentaron hasta el momento el informe requerido por la Justicia.
En las oficinas del fiscal interpretan que cabe la posibilidad de que no quieran dar los datos porque por tratarse de un hecho escandaloso y que viola la normativa del Potenciar Trabajo según la cual la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro. También puede suceder que haya demoras de gestión por el recambio de gobernadores.
Es por ello que no se verán tan rápido los resultados porque en la mayoría de las jurisdicciones asumieron nuevas autoridades y deberán averiguar cada caso: si hay punteros que perciban los planes que consiguieron para beneficiarios, como los que cobraba Chocolate Rigau para presunto pérsonal de la Legislatura bonaerense y si los titulares están en conocimiento de esa anomalía.
