Así lo indicó el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Fue luego de un operativo en el que detectaron que había prófugos de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral.
En un operativo conjunto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Seguridad, se detuvo a 14 prófugos de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral. Entre los detenidos se identificaron antecedentes penales graves, como causas por robo agravado y tentativa de violación. Esta acción responde a los esfuerzos de ambas instituciones por reducir el fraude en las pensiones.
Tras identificar a los beneficiarios en situación de fuga, ANDIS convocó a los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para realizar una auditoría detallada. “Se inició el procedimiento de baja inmediata de las pensiones que recibían del Estado Nacional, como parte de un esfuerzo más amplio para combatir la impunidad y el uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad laboral”, indicó la agencia en un comunicado.
Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, adelantó que el Gobierno nacional planea dar de baja aproximadamente 200 mil pensiones por discapacidad debido a posibles irregularidades en el cobro. Este número podría aumentar conforme avancen las auditorías de las 1.250.000 pensiones otorgadas actualmente. Según Spagnuolo, el sistema actual es insostenible, y se están tomando medidas para su optimización.
Desde diciembre de 2023, bajo la gestión del presidente Javier Milei, se recibieron 20.000 solicitudes nuevas de pensiones y 600.000 casos adicionales están en estudio. La ayuda económica establecida actualmente asciende a $220.024, equivalente al 70% de una jubilación mínima. Además, se redujo el porcentaje mínimo de discapacidad para acceder al beneficio, de un 76% a un 66%, con el fin de ampliar el alcance de las evaluaciones.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó el número actual de beneficiarios, que supera 1.223.000 personas, considerándolo “un número estratosférico” para un país que no ha atravesado guerras o catástrofes naturales de gran magnitud. Según estimaciones oficiales, hasta medio millón de pensiones podrían haber sido obtenidas de forma irregular, razón por la cual se procederá a una auditoría exhaustiva para identificar estos casos.
Finalmente, Spagnuolo subrayó que en las auditorías realizadas hasta ahora se detectaron irregularidades en provincias como Chaco, La Rioja, Tucumán y en CABA, las cuales serán prioritarias en el proceso de revisión. Asimismo, se mencionó que existe una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y su antecesor en ANDIS, Fernando Galarraga, por presuntas gestiones irregulares de pensiones.
