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El Gobierno nacional cerró la Secretaría de Vivienda y despidió a 500 empleados estatales

En línea con el ajuste del gasto público, la gestión de Javier Milei oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.


El Ejecutivo aseguró que la medida permite ahorrar 6.500 millones de pesos por año de impuestos.

El Gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de reducción del Estado con el cierre definitivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, lo que derivó en la desvinculación de 500 empleados.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 150/2025, publicada en el Boletín Oficial, como parte del ajuste fiscal impulsado por el presidente.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la medida incluye a toda la planta de la secretaría y también a contratados bajo convenios con universidades.

“Computar el ahorro para el contribuyente es fácil: a un sueldo promedio de un millón de pesos por empleado, son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

Sturzenegger también justificó la eliminación del área al afirmar que “la construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional” y que en todo caso “es una tarea provincial o municipal”.

El cierre de la Secretaría de Vivienda es una de las tantas medidas que la gestión libertaria ha implementado para reducir la estructura estatal. Desde el inicio del Gobierno, más de 37.000 empleados fueron desvinculados, incluyendo trabajadores de la Administración Centralizada, empresas estatales y fuerzas de seguridad.

En enero, una situación similar se dio con la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, lo que llevó a la desvinculación de 150 empleados del Ministerio de Economía.

La reducción del gasto público sigue siendo una de las prioridades de la administración Milei, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y, según el discurso oficial, “devolverle capacidad de gasto al sector privado”.

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