Mercado Libre es, por amplio margen, la compañía más valiosa de Argentina, de acuerdo con la cotización de sus acciones en Wall Street. Además, el primer unicornio tecnológico del país lidera el mercado a nivel regional, superando a petroleras, bancos y otras grandes empresas tradicionales.
Esta semana, el ambiente en la sede corporativa de la empresa en el barrio porteño de Saavedra —aunque con domicilio fiscal en Montevideo, Uruguay— fue de celebración. La compañía, que opera en comercio electrónico y pagos digitales, presentó el mejor balance financiero de sus 25 años de existencia.
Fundada y liderada por Marcos Galperin, Mercado Libre alcanzó ingresos por USD 21.000 millones en 2024, mientras que su fintech, Mercado Pago, reportó una facturación de USD 8.600 millones. Estos resultados impulsaron su cotización en bolsa un 13% el viernes, llevando el valor de sus acciones a un récord histórico de más de USD 2.400 por unidad. Así, la empresa alcanzó una valuación de mercado superior a los USD 114.000 millones, superando la capitalización combinada de todas las demás compañías argentinas que cotizan en Estados Unidos.
Sin embargo, en medio del éxito financiero, el informe también destaca otro dato relevante, especialmente en términos políticos: en los últimos tres años, Mercado Libre recibió exenciones impositivas del Estado argentino por cerca de USD 250 millones.
Así se detalla en el formulario 10-K presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, bajo el apartado “Régimen de promoción de la economía basada en el conocimiento en Argentina”.
Según el documento, en agosto de 2021 la Subsecretaría de Economía del Conocimiento aprobó la inclusión de MercadoLibre S.R.L. en dicho régimen, “establecido por la Ley N° 27.506 y complementado por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 1034/2020, la Resolución N° 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, disposición N° 11/2021″. La normativa, firmada por Matías Kulfas —ministro durante la gestión de Alberto Fernández—, es una actualización de la Ley del Software impulsada en 2004 por Néstor Kirchner.
Mercado Libre explicó ante la SEC que, en el marco de este esquema de incentivos, las empresas que cumplan con ciertos requisitos pueden acceder a tres beneficios principales: “i) una reducción en la carga del impuesto a las ganancias sobre las actividades promovidas en cada ejercicio fiscal, ii) la estabilidad de los beneficios establecidos por el régimen promocional de la economía basada en el conocimiento, y iii) un bono de crédito fiscal aplicable a los aportes de la empresa al régimen de seguridad social de empleados vinculados a las actividades promovidas”.
En el balance también se menciona que en septiembre de 2023, en el tramo final del gobierno de Fernández —después de las PASO y antes de la primera vuelta electoral—, la Secretaría de Emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas y Economía del Conocimiento redujo el tope salarial para calcular el bono de crédito fiscal, ajustándolo de $40 millones a $5 millones.
“El bono de crédito fiscal representa el 70% de las contribuciones a la seguridad social de la compañía para aquellos empleados cuyos puestos de trabajo estén relacionados con las actividades promovidas, con un tope salarial que se ha reducido al límite indicado. MercadoLibre S.R.L utiliza el bono de crédito fiscal para compensar impuestos federales”, describe el informe. Esta reducción explica, en parte, que la empresa haya recibido en 2024 menos beneficios fiscales en comparación con el año anterior.
“Como resultado, la compañía registró un beneficio de impuesto a la renta de USD 33 millones, USD 42 millones y USD 27 millones durante los años terminados el 31 de diciembre de 2024, 2023 y 2022, respectivamente. El efecto agregado por acción del beneficio del impuesto a la renta ascendió a USD 0,65, USD 0,84 y USD 0,54 en los mismos períodos. Además, la compañía registró un beneficio de seguridad social de USD 24 millones, USD 67 millones y USD 54 millones en esos años”, detalla el balance.
La suma total de los beneficios fiscales y reducciones en aportes patronales asciende a USD 247 millones en el período mencionado. Como deja en claro el reporte financiero, Mercado Libre cumple con los requisitos del régimen y las exenciones son legales.
Aun así, algunos de sus competidores sugieren que la empresa podría prescindir de estos beneficios, donarlos o utilizarlos para fomentar otros emprendimientos. Además, destacan que su CEO, Marcos Galperin, es un fuerte defensor de la gestión de Javier Milei y un crítico persistente del intervencionismo estatal.
Desde el sector financiero tradicional —donde Mercado Libre mantiene una disputa con los bancos en torno a Mercado Pago—, cuestionan la necesidad de que el unicornio reciba estos incentivos. “Fue una ley hecha a medida para ellos durante el gobierno anterior”, comentó una fuente del sector a este medio, agregando que “otras fintech de gran tamaño” no acceden a los mismos beneficios.
“El régimen de promoción de la Ley del Conocimiento tiene los mismos problemas que cualquier esquema de incentivos fiscales. No es mejor que otros. Es inaceptable que en apenas tres años haya recibido más de 200 millones de dólares en subsidios. La última autorización se otorgó durante el mandato de Alberto Fernández. Criticaban la ‘Peronia’, pero aceptaban los beneficios estatales”, señaló, con ironía, otra fuente del ámbito bancario. La referencia a “Peronia” es una expresión que Galperin ha utilizado en redes sociales.
“Al final, este Estado financia la inversión de Meli. Con los subsidios que recibieron solo en 2024, prácticamente cubren la inversión que anunciaron el año pasado”, añadió otro ejecutivo del sector. En septiembre de 2023, con la presencia del entonces candidato presidencial Javier Milei, Galperin anunció una inversión de USD 75 millones para un nuevo centro de distribución (CAD).
Consultada para esta nota, la compañía no emitió comentarios sobre el tema, aunque fuentes cercanas remarcaron que “en 2024 anunciaron la creación de 1.800 empleos nuevos y, de alguna manera, esas exenciones vuelven a la sociedad”.
El empresario más rico del país, con una fortuna estimada en casi USD 9.000 millones según Forbes, reside en Uruguay desde finales de 2019. Se había mudado inicialmente durante el gobierno de Cristina Kirchner, regresó con la presidencia de Mauricio Macri y volvió a instalarse en Montevideo poco antes de la asunción de Alberto Fernández. Irónicamente, fue uno de los primeros empresarios en reunirse con el expresidente tras su triunfo en las PASO de 2019.
