El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del operativo represivo que desplegó el Ministerio de Seguridad de la Nación este miércoles y sus consecuencias.
El diario Página 12 informó que, en las próximas horas, se formalizarán las presentaciones ante ambos organismos.
“Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales”, resaltó Diego Morales, director de Litigio del CELS.
“El gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer (por el martes) con las amenazas de la Ministra Bullrich”, sostuvieron desde el CELS.
En su cuenta oficial de X, el CELS afirmó que “la policía cometió delitos graves: uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores, detenciones sin pruebas”.
“Todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades. Las fuerzas de seguridad detuvieron personas al voleo”, señalaron.
En tal contexto, el CELS subrayó una parte de la argumentación de la jueza de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó la liberación de los detenidos, Karina Andrade, quien adujo que la información sobre las detenciones tenía “deficiencias graves”, que se vulneraban derechos constitucionales y que se trató de detenciones arbitrarias.
“Nadie está acusado de atentar contra la vida democrática, que sí se afecta al impedir las protestas”, remarcaron desde la institución.
