La inclemencia del tiempo, generó un daño casi incalculable hasta el momento.
Las fuertes lluvias que azotan a Bolivia desde el inicio de la temporada en noviembre de 2024 cobraron hasta el momento la vida de 40 personas, dejaron más de 200.000 damnificados y se estima que el número continuará en aumento, según informó el Viceministerio de Defensa Civil. La emergencia se extiende a 105 municipios, de los cuales 37 declararon desastre municipal ante la magnitud de los daños y la falta de recursos para enfrentar la catástrofe.
El Viceministro Juan Carlos Calvimontes destacó que la situación se agrava debido a que las lluvias, que normalmente se extienden hasta abril, causaron estragos en zonas clave como La Paz y Santa Cruz, donde se registraron grandes pérdidas materiales. En algunos sectores de la capital paceña, la alcaldía declaró la zona como “inhabitable”, marcando que muchas de las viviendas afectadas fueron construidas sin los permisos correspondientes.
La magnitud de la crisis obliga a las autoridades a ordenar la evacuación total de las familias afectadas, para minimizar el riesgo de más víctimas. Las autoridades locales instan a la población a evitar el ingreso a zonas restringidas, debido al alto riesgo de nuevos derrumbes y deslizamientos de tierra, que podrían agravar la emergencia.
Con la temporada de lluvias aún en pleno curso y pronósticos que auguran más precipitaciones, las autoridades se encuentran en una carrera contra el tiempo para mitigar el impacto y garantizar la seguridad de los ciudadanos afectados. La solidaridad internacional ha comenzado a movilizarse, pero la falta de recursos en los municipios más golpeados complica aún más las labores de rescate y asistencia.
En medio de esta tragedia, el gobierno boliviano trabaja para coordinar esfuerzos de ayuda humanitaria y garantizar el suministro de alimentos, agua potable y refugio a las miles de familias que lo perdió todo. Sin embargo, la reconstrucción será un proceso largo y costoso, que demandará una colaboración constante entre el Estado, las autoridades locales y la sociedad civil.
