Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio por cerrada la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tras la polémica por la memecoin promocionada por el propio presidente Javier Milei. No se difundieron los resultados de la investigación.
En una decisión que levanta interrogantes, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación que se había conformado para indagar sobre el colapso del criptoactivo $LIBRA, el cual fue públicamente respaldado por el presidente Javier Milei y terminó generando millonarias pérdidas entre pequeños inversores.
La medida fue oficializada a través del Decreto 332/2025, firmado por el propio mandatario junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el texto se señala que la UTI “cumplió con la misión asignada” y que la información recabada fue entregada al Ministerio Público Fiscal.
La trama de $LIBRA: de la euforia al desplome
El caso tuvo su punto de partida el 14 de febrero, cuando Milei difundió la criptomoneda $LIBRA desde sus redes sociales, generando una avalancha de compradores atraídos por el respaldo presidencial. El valor del token se disparó en pocas horas, llegando a superar los 5 dólares.
No obstante, el entusiasmo duró poco. La memecoin se desplomó abruptamente tras la sorpresiva desaparición de sus desarrolladores, dejando un tendal de damnificados. Muchos de ellos denunciaron lo ocurrido como un posible “rug pull”, una maniobra típica del ecosistema cripto donde los creadores abandonan el proyecto una vez que logran captar fondos.
Qué investigaba la UTI y qué queda pendiente
La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025 con el objetivo de esclarecer si hubo maniobras fraudulentas o conductas irregulares en torno al lanzamiento y posterior caída de $LIBRA. Estaba integrada por representantes de organismos especializados en delitos financieros, activos digitales y prevención de lavado de dinero.
Además del revuelo local, el caso tuvo eco internacional: una demanda colectiva fue presentada en Estados Unidos contra Milei por supuesta promoción engañosa y negligencia, señalando que su respaldo público legitimó una inversión que terminó en estafa.
Pese a la disolución de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Todavía no hay informes públicos sobre las conclusiones alcanzadas por la unidad investigadora, ni detalles sobre los responsables detrás del proyecto $LIBRA ni sus eventuales conexiones con funcionarios del gobierno.
