Los bancos aún informan al Gobierno sobre movimientos en dólares, pese a los anuncios oficiales

A pesar de las declaraciones del presidente Javier Milei y los anuncios del Gobierno nacional, las entidades bancarias continúan reportando operaciones superiores a los 10.000 dólares.

Esto se debe a que aún no se implementaron cambios formales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), ni se presentó un proyecto de ley que modifique la legislación vigente o plantee algún tipo de blanqueo fiscal.

En paralelo, varias provincias evalúan adherirse al esquema que propone la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ante un escenario de recaudación en baja y con proyecciones de caída de entre el 2% y el 6% en las transferencias automáticas.

Aunque el Gobierno había adelantado que los ciudadanos podrían realizar operaciones con dólares —como comprar vehículos, inmuebles o depositar ahorros— sin trabas ni requerimientos, en la práctica la situación no ha cambiado. Fuentes del sistema financiero explicaron que los bancos siguen actuando como “sujetos obligados” ante la UIF, y que los reportes por operaciones sospechosas continúan aplicándose bajo los criterios anteriores al anuncio oficial.

Desde el sector explican que lo único que se ha modificado es el umbral a partir del cual ARCA recibe la información, y la eliminación de la obligación de presentar una declaración jurada para obtener ciertos créditos, aunque muchos clientes la seguirán entregando de manera voluntaria para acceder a mejores condiciones.

Catamarca se suma al plan oficial

En este contexto, el Gobierno lanzó el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que incluye una invitación a las provincias a firmar un nuevo acuerdo de intercambio de información. La propuesta viene acompañada de una advertencia: las jurisdicciones que no se sumen podrían dejar de recibir los datos de facturación de los contribuyentes.

La primera en adherir fue Catamarca, cuyo gobernador Raúl Jalil —reelecto en 2023 por el peronismo— fue el primero en respaldar la medida. No sería el único. Según trascendió, al menos dos provincias de la Patagonia con vínculos fluidos con la Casa Rosada ya evalúan seguir el mismo camino. En cambio, la provincia de Buenos Aires planea esperar a que se conozcan en detalle todos los instrumentos legales antes de tomar una decisión.

Presión fiscal y provincias al límite

Más allá de las diferencias políticas, la realidad económica empuja a las provincias a considerar cualquier herramienta que les permita sostener sus cuentas. Según un informe de la Comisión Federal de Impuestos, se anticipa una nueva caída en los ingresos por coparticipación durante el segundo semestre del año, sin señales de una mejora significativa.

La falta de inversión pública por parte del Estado nacional y la pérdida de recursos en 2024 complican aún más el panorama. El informe advierte que provincias como La Pampa y Santa Fe serían las más afectadas por la caída en las transferencias automáticas.

Por eso, incluso los mandatarios que mantienen reparos sobre el enfoque del Gobierno nacional podrían terminar adhiriendo al nuevo esquema de ARCA. En un escenario de escasez, cada peso cuenta.