En el Congreso se aproxima el debate por dos medidas clave para los jubilados: la extensión por dos años de la moratoria previsional y el aumento del bono que perciben quienes cobran la jubilación mínima.
De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la continuidad del régimen de regularización previsional previsto en la Ley 27.805 representaría un costo fiscal total de 1.600 millones de pesos anuales, lo que equivale al 0,165% del Producto Bruto Interno (PBI). El documento fue solicitado por la comisión de Presupuesto y Hacienda, en el marco del tratamiento de los distintos proyectos que impulsan diputados de distintos bloques.
Según estimaciones de la OPC, si se mantiene vigente la ley actual, podrían acceder a la jubilación cerca de 441.000 personas entre junio de 2024 y fines de 2026. Para 2025 se proyecta que 219.644 personas cumplirán los requisitos para adherir al Plan de Pago de Deuda Previsional, de las cuales 92.000 serían hombres y 127.000 mujeres. En 2026, se sumarían otros 93.000 varones y 126.000 mujeres.
El impacto económico estimado para 2025 es de $776.271 millones (0,084% del PBI), mientras que para el año siguiente sería de $871.428 millones (0,081% del PBI), alcanzando así un total del 0,165% del PBI en dos años.
El régimen permite a mujeres desde los 60 años y a hombres desde los 65 regularizar aportes faltantes hasta diciembre de 2008, lo que amplía el acceso a la jubilación para personas que no alcanzaron los 30 años de aportes exigidos.
Por otro lado, también se analiza el costo fiscal de elevar el bono mensual que reciben los jubilados con la mínima, actualmente en $70.000. Una propuesta de la diputada Margarita Stolbizer plantea llevarlo a $105.000, lo que implicaría un gasto de $1.992.853 millones anuales, es decir, el 0,23% del PBI. En el primer año, esa cifra rondaría los $497.000 millones.
En tanto, el proyecto presentado por la diputada Victoria Tolosa Paz busca subir ese bono a $115.000. De aprobarse, el impacto fiscal anual sería mayor: $2.567.477 millones, lo que equivale al 0,30% del PBI.
Ambas propuestas, junto con la prórroga de la moratoria, serán tratadas en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto, tal como se acordó el pasado 8 de abril. El debate promete ser clave para definir el rumbo de la política previsional en el corto plazo.
