Durante una conferencia de prensa, las autoridades de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja (OSUNLaR) informaron sobre el avance de las causas judiciales iniciadas contra exfuncionarios por hechos que habrían causado un perjuicio millonario al patrimonio institucional.
La intervención estuvo encabezada por la interventora Gabriela Brizuela, acompañada por el gerente Daniel Albornoz, el síndico Carlos Sant y el equipo legal integrado por Sergio Cano, Daniela Gallardo y Juan Carlos Brizuela. También participaron representantes de la lista Nueva OSUNLaR.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la causa caratulada “Albornoz Sosa Daniel Nicolás y Otro – Denuncia”, que involucra a los exfuncionarios Daniel Alberto Quiroga y Lucas Fabricio Zapata. De acuerdo al informe, durante su gestión se habrían cancelado de forma irregular plazos fijos en dólares por un total de 33 millones. Sin embargo, solo 19 millones habrían sido efectivamente transferidos al proveedor médico correspondiente.
Las autoridades también denunciaron otros gastos que consideraron injustificados en ese contexto, como la compra de relojes por un millón de pesos, otro millón en toallas, y la contratación anticipada y millonaria de un abogado externo, pese a que la obra social ya contaba con un equipo jurídico propio de cinco profesionales. Según indicaron, en apenas siete meses se habrían perdido casi 800 mil dólares, lo que representa cerca de la mitad de los ahorros acumulados por la entidad en diez años.
En paralelo, se abordó otra causa vinculada a resoluciones duplicadas, donde se investiga el otorgamiento de categorías simultáneas a ocho empleados mediante documentación presuntamente falsificada. Si bien los nombres se mantienen en reserva por orden judicial, se confirmó que en este caso también están involucrados exfuncionarios, incluida la expresidenta Ana Laura Toro, quien habría estado al tanto de las maniobras pero no las denunció.
“La Justicia deberá determinar las responsabilidades de Quiroga, Zapata y Toro por estos hechos que afectaron gravemente a nuestra obra social”, manifestó Brizuela, quien reiteró el compromiso de la intervención para avanzar en todas las acciones legales necesarias con el objetivo de recuperar los fondos desviados y garantizar una gestión transparente.
Por último, se informó que las causas están siendo tramitadas en el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo del juez Héctor Daniel Barría, y que se brindarán actualizaciones periódicas sobre su desarrollo.
