El Gobierno degrada la Secretaría de Derechos Humanos y anuncia recortes en Cultura

El Ejecutivo nacional oficializó la decisión de transformar la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría. La medida, según se informó, implicará una reducción del 40% en la estructura del área y un recorte del 30% en su plantilla de personal.

La reestructuración fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que el recorte permitirá un ahorro estimado de 9.000 millones de pesos. “Ahora sí se van a defender todos los derechos humanos, sin responder a intereses partidarios ni ideológicos”, afirmó.

Desde el Ministerio de Justicia, su titular Mariano Cúneo Libarona sumó detalles: “El 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes ya fueron eliminados”. Además, indicó que desde el inicio de la gestión fueron despedidos 405 empleados, lo que representa el 44% de la planta recibida. Aseguró que las funciones esenciales del área no se verán afectadas.

Entre las modificaciones se encuentra también la unificación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA, que ahora pasarán a operar como unidades dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Cúneo Libarona justificó los cambios bajo el argumento de achicar el Estado y optimizar recursos: “Cada peso que se ahorra permite bajar impuestos”.

Reformas y cierres en el ámbito cultural

Por su parte, Adorni anunció una serie de modificaciones estructurales en la Secretaría de Cultura, que implican el cierre, fusión y centralización de organismos dependientes. En total, serán eliminados ocho institutos culturales distribuidos en distintas provincias, los cuales pasarán a formar parte de una única unidad organizativa bajo control central.

Según el vocero, estas instituciones habían sido “creadas y sostenidas con fines políticos y en torno a determinadas figuras históricas”. El objetivo del rediseño, aseguró, es “evitar duplicidades y promover una mirada más plural de la historia argentina”.

También se impulsarán cambios en el Instituto Nacional del Teatro, que incluirán una revisión de su funcionamiento y ajustes presupuestarios. Adorni afirmó que, pese a que la ley fija un límite del 10% para gastos administrativos, en la práctica el 65% del presupuesto del organismo se destinaba a sueldos y funcionamiento, quedando solo un 35% para la actividad teatral.

El Gobierno ya redujo un 20% la planta del instituto y anticipó que seguirá recortando “gastos innecesarios”. Asimismo, se eliminará el Consejo Directivo compuesto por representantes provinciales, reemplazándolo por un consejo asesor ad honorem integrado por referentes del sector teatral.

Al cerrar su exposición, Adorni remarcó que la administración de Javier Milei sigue adelante con su plan de ajuste: “Ya se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y cerca de 45.000 contratos desde que asumimos”.