La Cámara de Diputados fue escenario de un giro político importante: legisladores vinculados a gobernadores que hasta ahora eran aliados del gobierno de Javier Milei decidieron tomar distancia.
Acompañaron proyectos en favor de los jubilados y de los fondos destinados a personas con discapacidad, marcando así un cambio en la relación con el oficialismo.
El quiebre se produjo luego de que desde la Casa Rosada no llegaran señales de apertura para discutir estos temas. Gobernadores de provincias como Córdoba, Salta, Catamarca y Santa Cruz coincidieron en que no podían oponerse a iniciativas que benefician a sectores vulnerables, sobre todo cuando el gobierno nacional no ofreció ningún gesto de negociación.
Antes de la sesión, 23 de los 24 mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y acordaron solicitarle formalmente a Milei una reunión para discutir el recorte de fondos y la paralización de la obra pública. Sin embargo, esa solicitud no fue respondida.
Desde Córdoba remarcaron que “no hubo absolutamente nada” por parte del Gobierno, salvo la advertencia de un posible veto a las leyes votadas. Incluso la diputada cordobesa Alejandra Torres presentó un proyecto, junto al rionegrino Agustín Domingo, que propone una mejora para los jubilados sin comprometer el superávit fiscal.
Los diputados cordobeses colaboraron con el quorum necesario para iniciar la sesión. Participaron Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y, más tarde, Ignacio García Aresca, el más cercano al gobernador Martín Llaryora. La presencia de estos legisladores fue clave para habilitar el debate.
