El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabeza el operativo para aprobar el proyecto de “Inocencia Fiscal”, una controvertida iniciativa que promueve el uso de dólares no declarados y flexibiliza el Régimen Penal Tributario.
La apuesta del oficialismo: convencer a los bloques dialoguistas con el objetivo de alcanzar los 129 votos necesarios para abrir el debate en el recinto antes de fin de mes.
La Libertad Avanza, con apenas 39 diputados propios, necesita tejer acuerdos con sectores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y aliados provinciales. La estrategia apunta a repetir alianzas previas que permitieron sancionar leyes clave para el gobierno nacional.
El proyecto —que comenzará a debatirse esta semana en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert— busca modificar los criterios con los que el Estado investiga delitos de evasión. Por ejemplo, eleva el piso para investigar evasión simple de $1,5 millones a $100 millones y para evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. También reduce el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales de cinco a tres años.
Desde el oficialismo aseguran que la idea es “atraer capitales” y “facilitar el uso del dinero en la economía real”. Pero, en los hechos, lo que hace es habilitar una suerte de blanqueo encubierto, donde quienes no pagaron impuestos podrán regularizar su situación pagando apenas un extra del 50%… y sin riesgo penal.
La iniciativa también contempla beneficios como la extinción de la acción penal si el contribuyente paga su deuda dentro de los 30 días hábiles de ser notificado. Incluso quienes aún no hayan sido denunciados judicialmente podrán evitar sanciones.
Pero el punto más polémico está en la creación de un “Régimen Simplificado de Ganancias”, que —según el Gobierno— dejará “blindados para siempre” a quienes adhieran. El sistema propone que los contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones no tengan que justificar incrementos patrimoniales ni rendir cuentas por sus consumos. Es decir: ganancias sí, controles no.
El poroteo de votos para aprobar este proyecto es milimétrico. En la comisión de Presupuesto y Hacienda, que cuenta con 49 integrantes, el oficialismo necesita reunir al menos 22 firmas para lograr dictamen. Confían en el apoyo del PRO (37 diputados), parte de la UCR (al menos 14), la Liga Federal, Encuentro Federal, el MID, y legisladores que responden a gobernadores de provincias como Salta, Misiones, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
Detrás del discurso de “incentivar la inversión” y “reducir la carga fiscal”, el proyecto habilita una peligrosa señal: quien evade no solo no será castigado, sino que podrá regularizarse sin mayores consecuencias. Un incentivo directo al incumplimiento, disfrazado de reforma modernizadora.
