Gremios aeronáuticos denunciaron al Gobierno ante la OIT por ataque al derecho a huelga

Sindicatos del sector aeronáutico elevaron una denuncia formal contra el Gobierno argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusándolo de vulnerar principios fundamentales de libertad sindical y de avanzar sobre el derecho a huelga bajo la excusa de declarar la actividad como “esencial”.

La presentación fue realizada ante la directora del Comité, Corinne Vargha, y contó con la firma de los secretarios generales de todos los gremios del sector, quienes advirtieron sobre una ofensiva sistemática contra los derechos colectivos por parte del Ejecutivo nacional.

Según expresaron, el Gobierno de Javier Milei lleva adelante una política orientada a restringir la protesta sindical, escudándose en la calificación arbitraria de la actividad aeronáutica como servicio esencial, lo que limita el derecho constitucional a huelga.

Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), manifestó: “Esta presentación es fruto del trabajo conjunto de todos los gremios aeronáuticos. No solo está en juego el derecho laboral: enfrentamos un intento de anular la huelga en un sector estratégico para el país”. Brey estuvo acompañado por Horacio Calculli, secretario de Seguridad de la AAA.

Pablo Biró, líder de APLA, sumó: “Es un paso más en la lucha por defender nuestros cielos, hoy amenazados por las políticas del Gobierno nacional”.

Por su parte, Edgardo Llano, titular de APA y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, remarcó: “En unidad sindical y ante los atropellos del Gobierno de Milei, nos presentamos en la 113° Conferencia de la OIT para denunciar la persecución gremial y los ataques al derecho de huelga”.

La presentación, acompañada por el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez y buena parte de la delegación argentina, solicita la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical frente a lo que consideran violaciones graves al Convenio Nº 87, que protege el derecho de sindicación y la libertad sindical.

En el escrito, los gremios advierten que el Gobierno impulsa un modelo regresivo en materia laboral a través del DNU 70/2023 y sus normas complementarias (decretos 825/2024 y 831/2024), que pretenden desmantelar garantías constitucionales por vía administrativa.

Entre las prácticas más cuestionadas, se mencionan:

La declaración unilateral de la actividad como “esencial”, sin fundamentos técnicos ni diálogo con los gremios.

La intervención de asambleas sindicales, restringiendo su funcionamiento.

La criminalización de la protesta, con causas judiciales y sanciones contra dirigentes y organizaciones.

Además, se contextualiza que estas medidas se dan en un marco de despidos masivos, presiones para aceptar retiros voluntarios y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Los sindicatos señalaron que varias presentaciones judiciales ya lograron frenar estas medidas por inconstitucionales y reclamaron a la OIT una respuesta urgente ante lo que califican como una vulneración directa de derechos con rango constitucional.

“La intención del Gobierno de eliminar el derecho a huelga constituye una violación flagrante de principios internacionales que protegen a los trabajadores”, concluyeron.

La denuncia fue presentada por los gremios AAA, APA, ATEPSA, UPSA y APLA.