La comisión investigadora en Diputados reactivó su funcionamiento para avanzar sobre el escandaloso caso de la criptomoneda $LIBRA, vinculada al presidente Javier Milei.
La tensión crece, ya que la oposición logró aprobar la citación del mandatario y de su hermana Karina, pero el oficialismo se niega a ceder el control de la comisión, lo que podría derivar en un proceso de juicio político si se impide continuar con la pesquisa.
Tensión por el control de la comisión y advertencia opositora
El cuerpo está integrado por 28 legisladores: 14 del oficialismo y sus aliados, y 14 de la oposición. Esta paridad ha trabado la designación de un presidente opositor, algo que para varios bloques resulta fundamental para asegurar la transparencia del proceso.
“Si no se designan autoridades, ¿quién se encargará de interrogar a los citados?”, cuestionó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica). Por su parte, Fernando Carbajal (UCR) fue aún más directo: “La Libertad Avanza y sus satélites conforman un bloque de impunidad. Vamos a impulsar el juicio político, porque es el único camino constitucional para llegar al fondo del asunto”. En la misma línea, Carolina Gaillard (Unión por la Patria) consideró que “no parece quedar otra opción”.
Ante la falta de consenso, la coordinación provisional quedó en manos del secretario parlamentario Adrián Pagán, quien será el encargado de enviar las citaciones para dentro de dos semanas.
Quiénes fueron convocados a declarar
Entre las personas que deberán presentarse ante la comisión figuran:
Javier y Karina Milei, por su rol en la promoción del criptoactivo.
Hayden Mark Davis, creador de la memecoin, que declararía en forma remota.
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios ligados al proyecto y con vínculos con Casa Rosada.
Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción.
Florencia Zicavo, funcionaria del Ministerio de Justicia.
Gerardo Pisarello Prados, legislador español que investiga el caso desde Europa.
Irina Hauser y Alejandro Bercovich, periodistas especializados en el tema.
Fernando Molina y Santiago Siri, expertos en criptomonedas.
Alejandro Fargosi, abogado propuesto por el bloque Pro.
Desde la oposición admiten que es poco probable que las figuras clave se presenten voluntariamente. Por eso, consideran que sin un reglamento claro ni conducción definida, será muy difícil avanzar. Ya preparan un “Plan B”: recurrir al juicio político, lo que permitiría utilizar la fuerza pública para garantizar la comparecencia de testigos.
