Un grupo de legisladores de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto para remover a José Luis Espert de su banca en la Cámara de Diputados, alegando una “inhabilidad moral sobreviniente” tras los insultos que el diputado de La Libertad Avanza profirió contra Florencia Kirchner durante un evento en la Universidad Católica Argentina (UCA) la semana pasada.
Desde UxP señalaron que las expresiones de Espert no fueron un simple exabrupto, sino una agresión con tintes de violencia de género simbólica, pronunciada fuera del ámbito parlamentario y dirigida a una ciudadana sin cargos públicos. Además, consideraron que sus palabras dañan la legitimidad y el respeto que debe tener esta institución.
Los diputados opositores advirtieron que el ataque verbal no solo fue un insulto, sino que contribuye a la difusión de discursos de odio que menoscaban la calidad democrática y deshumanizan a los adversarios políticos, incluso involucrando a sus familias. Rechazaron que se minimice el machismo implícito en sus dichos como un simple “exceso verbal” y pidieron una sanción institucional firme, tal como lo permite la Constitución y el reglamento del Congreso.
También resaltaron la importancia de que el Parlamento actúe con determinación para frenar los discursos de odio y los ataques verbales reiterados, recordando que Espert es conocido por frases polémicas como “cárcel o bala”.
Desde Unión por la Patria subrayaron que esta es una oportunidad para que el Congreso envíe un mensaje claro a la sociedad: la política debe respetar ciertos límites, y no es aceptable que un representante público realice agresiones de este tipo sin que el cuerpo legislativo tome cartas en el asunto.
La frase en cuestión fue pronunciada por Espert durante el Congreso de Comunicación Política de la UCA, cuando citó un tuit suyo del 2012 en el que insultaba a Florencia Kirchner. Sus palabras generaron abucheos entre el público presente, y el diputado debió retirarse del auditorio. El evento tuvo lugar un día después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, estableciendo seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
