Mediante un nuevo decreto, el Ejecutivo definió el marco para iniciar el proceso de venta, concesión o subasta de empresas estatales. Las operaciones se harán de manera digital a través de plataformas oficiales. Belgrano Cargas, Enarsa y AYSA encabezan la lista.
El Gobierno Nacional comenzó a delinear el camino hacia la privatización de varias compañías públicas, en el marco de la Ley Bases recientemente aprobada y en sintonía con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. A través del decreto 416/2025, se establecieron los lineamientos para llevar a cabo estos procesos, con el objetivo de sumar divisas y reducir la estructura del Estado.
Las operaciones se realizarán exclusivamente de forma online utilizando los sistemas CONTRAT.AR —para licitaciones y concursos— y SUBAST.AR —para remates—, ambas herramientas oficiales del Estado. Los participantes deberán registrarse previamente como usuarios externos o como oferentes, según corresponda. Para tal fin, la Oficina Nacional de Contrataciones desarrollará un módulo específico que permitirá gestionar estas transacciones.
Entre las primeras empresas apuntadas para la privatización figuran Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). Al mismo tiempo, se trabaja en licitar unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales y concesionar seis represas hidroeléctricas, lo que podría representar ingresos estimados en 500 millones de dólares, según cálculos oficiales.
Otro caso avanzado es el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), para cuya privatización se prevé una licitación pública y participación en la Bolsa de Comercio. En cambio, todavía no hay definiciones concretas sobre el futuro de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).
La Ley Bases también habilita al Estado a desprenderse parcialmente de su participación en Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque en ambos casos se deberá preservar la mayoría accionaria estatal. Cada operación deberá ser notificada al Congreso y auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que deberán evaluar la situación legal y financiera de las compañías.
Se espera que para mediados de noviembre el Gobierno presente el cronograma detallado de privatizaciones, a través de la recientemente creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
