El impacto del ajuste económico ya se hace sentir con fuerza en el trabajo doméstico, un sector que depende directamente de los ingresos de otros trabajadores. La cantidad de personas empleadas en casas particulares registró en marzo de 2025 su nivel más bajo en al menos diez años, incluso por debajo del registrado durante la crisis sanitaria por la pandemia.
Desde la asunción del gobierno libertario, se perdieron más de 22 mil empleos en este rubro, agravando aún más una situación ya marcada por la alta informalidad laboral.
Un sector en retroceso
De acuerdo con los últimos datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo de este año se contabilizaron 441.529 empleos registrados en el trabajo doméstico. Esta cifra representa una caída de más de 22.000 puestos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, perforando incluso el piso de marzo de 2015, cuando se registraban 442.000 trabajadores en la actividad.
Si se compara con el pico histórico de febrero de 2020 —cuando había más de 500.000 empleos registrados—, la contracción alcanza el 11,7%, es decir, se perdieron más de 58.000 puestos en apenas cinco años.
Esta actividad tiene además una fuerte presencia femenina: representa la segunda fuente de empleo para las mujeres, con el 18% de participación entre las ocupadas. La pérdida de trabajo en este sector es significativa: los empleos en casas particulares representan el 11% del total de puestos privados destruidos desde que asumió el actual gobierno, que lleva más de 200.000 bajas en el empleo registrado.
Alta informalidad y mayor precarización
El panorama se agrava al considerar que la informalidad sigue siendo la norma: alrededor del 77% del empleo doméstico no está registrado, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto significa que unas 1.500.000 personas se encuentran trabajando sin los derechos ni la protección que otorga la ley.
La derogación del programa Registradas, que tenía como objetivo fomentar la formalización, mejorar la protección social y facilitar la permanencia en el empleo, profundizó esta situación. A eso se le suma la eliminación de la doble indemnización en casos de despido de empleadas no registradas, prevista en el artículo 50 de la Ley 26.844.
Como resultado, la precariedad se volvió la regla: el 75% de las trabajadoras de casas particulares no realiza aportes jubilatorios y el 73% carece de cobertura de salud mediante obra social. A esto se suma un ingreso mensual promedio que apenas ronda los $350.000 en junio de 2025, muy por debajo de los niveles necesarios para afrontar el costo de vida actual.
