En línea con el ajuste nacional que impulsa Javier Milei, el gobernador Ignacio Torres decretó la cesación de pagos en Chubut. Con una ley hecha a su medida, congeló el pago a proveedores, pymes y hasta sentencias judiciales firmes, mientras garantiza sin demoras los pagos a los bancos.
El colapso de las finanzas provinciales estalla en la cara del gobierno, que responde concentrando poder y descargando la crisis sobre los sectores más vulnerables.
La llamada Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, aprobada por la mayoría legislativa oficialista, blanquea el default provincial y le otorga al Ejecutivo un amplio margen de maniobra: podrá modificar el presupuesto sin pasar por la Legislatura, extinguir contratos y renegociar deudas sin ningún tipo de control institucional.
Ajuste selectivo: pagan los de siempre
La norma afecta a todos los acreedores del Estado con deudas superiores a 2,5 millones de pesos. Esto incluye a contratistas, proveedores de servicios y pequeños comercios, que hoy quedan al borde de la quiebra. Los únicos pagos garantizados son los del sistema financiero.
Además, la ley contempla una cláusula de disciplinamiento judicial: se advierte que cualquier juez que intente hacer cumplir una sentencia contra el Estado podrá ser acusado de mal desempeño. Un mensaje directo al Poder Judicial para evitar fallos en contra del gobierno.
Emergencia sin transparencia
Para la exministra de Economía Gabriela Dufour, la medida no responde a una crisis estructural sino a una gestión sin planificación y al feroz recorte de fondos nacionales. “Torres prometió orden y terminó gobernando por decreto”, sentenció. La ley no sólo suspende pagos: habilita acuerdos discrecionales, sin control ni transparencia, en un contexto donde los fondos escasean y la desigualdad se profundiza.
Un relato que se cae a pedazos
Desde el gobierno insisten en responsabilizar a la gestión anterior por el endeudamiento, pero los datos contradicen el discurso. En abril, la Legislatura le permitió a Torres tomar nueva deuda por 650 millones de dólares, y entre 2024 y el primer cuatrimestre de 2025, Chubut recibió más de 11.500 millones de pesos del Estado nacional. A eso se suman otros 7.000 millones enviados en febrero por los incendios en Epuyén, de los cuales sólo 2.000 millones habrían llegado a los damnificados. El resto, según denuncian diversas fuentes, fue desviado a otros fines por el Ejecutivo.
Un modelo de poder concentrado
El esquema de emergencia no es nuevo: Torres ya había impuesto una ley similar al asumir en diciembre de 2023, y todo indica que gobernará tres de sus cuatro años bajo un régimen de excepción. Incluso hubo resistencias dentro del oficialismo, especialmente ante la posibilidad de intervenir el Bono Petrolero, fondo clave para los municipios. Pero la ley avanzó igual, dejando a Chubut como un laboratorio extremo del ajuste y la concentración de poder.
