Las acciones de YPF sufrieron un fuerte retroceso del 7% este lunes en Wall Street, luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitiera un fallo adverso para Argentina. La sentencia obliga al Estado a transferir su participación mayoritaria del 51% en la petrolera a los beneficiarios de un juicio millonario, en el marco de la expropiación de YPF en 2012.
Según la resolución, Argentina tiene un plazo de 14 días para transferir ese paquete accionario a una cuenta de custodia del banco BNY Mellon, desde donde será entregado a los demandantes. Esta decisión se basa en que el proceso de nacionalización durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner no respetó el estatuto de la empresa, según determinó la jueza.
¿Quiénes ganaron el juicio contra Argentina?
El reclamo fue impulsado por Burford Capital, un fondo que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa). Burford celebró el fallo con un salto del 15% en sus acciones en Wall Street, alcanzando los 13 dólares por unidad.
Aunque el Gobierno argentino aún puede apelar, las chances de revertir el fallo son limitadas después de varios rechazos en instancias previas.
Efecto dominó: el sector energético bajo presión
El impacto negativo sobre YPF arrastró a otras empresas del sector en la Bolsa de Nueva York:
Pampa Energía cayó un 3,3%
Vista Energy retrocedió 1,3%
Transportadora Gas del Sur bajó un 2,7%
Además, el índice S&P Merval cerró con una caída del 2,8%, tocando su nivel más bajo desde noviembre de 2024.
Este revés se suma a un contexto internacional complicado, con el precio del petróleo descendiendo a USD 65 por barril y una incertidumbre creciente sobre la industria energética global.
Riesgos para Vaca Muerta y el futuro energético argentino
YPF es la empresa líder en el desarrollo de Vaca Muerta, una de las reservas de gas no convencional más importantes del mundo. La posible pérdida del control estatal del 51% de la empresa pone en jaque el modelo energético nacional y puede afectar la planificación de inversiones a largo plazo.
Expertos como Sebastián Maril advierten que no resolver estos litigios puede encarecer aún más los costos para el país y dañar la confianza de los inversores internacionales.
