A menos de una semana de la represión frente al Congreso del 12 de marzo, la Gendarmería dio por cerrado el sumario administrativo por el ataque que puso al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo. Lo hizo sin aplicar sanciones y con una conclusión llamativa: el disparo fue un “hecho fortuito”, en parte por “la imprudencia de la víctima”.
El informe interno de la fuerza consideró que Grillo, alcanzado por una pistola lanzagases mientras cubría la represión como trabajador de prensa, se ubicó “en la línea de tiro”. Así, desligó de toda responsabilidad al cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien accionó el arma, y que continúa en funciones.
El trámite exprés encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos. La familia Grillo, junto con los abogados del CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que actúan como querellantes en la causa penal, cuestionaron duramente la investigación interna. La calificaron como un mecanismo “diseñado para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”.
Sumario express: en 24 horas y con testigos propios
El expediente interno, caratulado como Información Administrativa N° 01/25, fue ordenado el 17 de marzo por el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, en respuesta a la presión social y mediática.
Al frente del trámite quedó el Comandante Mayor Adrián Barressi, quien en apenas un día elevó su “informe final”. No se tomaron declaraciones a testigos civiles ni se incorporó evidencia externa. Sólo se escuchó a personal de la propia fuerza, que concluyó que no había motivos para reproche disciplinario alguno.
La decisión deja a Guerrero libre de sanciones y operando normalmente, pese a estar implicado en un episodio gravísimo que forma parte de una causa judicial aún abierta.
