Provincias en alerta: crece la indignación por el abandono de las rutas nacionales

La Justicia Federal de Formosa ordenó a Vialidad Nacional realizar obras urgentes en cuatro rutas clave, mientras en Río Negro y Santa Fe los gobernantes y funcionarios advierten que la Nación abandona el mantenimiento de las calzadas, poniendo en riesgo vidas y economías regionales.

En Formosa, el Juzgado Federal Nº1 hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Fundación “Padres Unidos por el Dolor”, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el respaldo del defensor del Pueblo provincial. La orden obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a ejecutar, en un plazo máximo de 90 días, trabajos de bacheo, sellado de grietas y limpieza en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, incluyendo el Puente Blanco, cuya estructura es un serio riesgo para la seguridad vial.

El fallo critica duramente la paralización de mantenimiento impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, calificándola como una decisión que “pone en riesgo la vida, el trabajo y otros derechos fundamentales, tratando a las personas como simples números para ahorrar dinero”.

Desde Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que irá a la Justicia Federal para exigir que el Estado nacional asuma su responsabilidad en el mantenimiento de las rutas, particularmente la provincial 151 y luego la nacional 22. Weretilneck señaló que tras agotar reclamos administrativos sin respuesta, recurrirán a medidas legales para frenar el deterioro que afecta no solo la seguridad vial sino también la logística, el comercio y la producción local. También mencionó el mal estado de las rutas 3, 23 y 40 Sur.

En Santa Fe, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, calificó la situación como “la vergüenza nacional más grande que tiene la región”. Denunció que la Nación desoye los reclamos y los fallos judiciales que la obligan a mantener en condiciones la ruta nacional 33 y el corredor vial 11. Enrico advirtió que la falta de mantenimiento, que él calificó de “criminal”, podría derivar en una causa penal por incumplimiento de deberes.

En medio de un clima de creciente preocupación, todos los gobernadores coinciden en la necesidad de coordinar acciones para exigir que el Gobierno nacional destine los fondos necesarios para garantizar rutas seguras y transitables, claves para el desarrollo y la seguridad de las provincias.