Mientras el Gobierno celebra un superávit fiscal a cualquier costo, los trabajadores del Estado nacional reciben como única respuesta un aumento salarial del 1 % en julio, en el marco de una inflación que, incluso con los datos oficiales, supera el 43,5 % interanual.
La decisión del Ejecutivo no solo representa una burla al bolsillo de los estatales, sino que deja al descubierto el carácter profundamente regresivo del ajuste que lleva adelante Javier Milei.
Según el INDEC —organismo que el propio oficialismo utiliza como escudo para justificar su “milagro económico”—, la inflación fue del 2,8 % en abril y del 1,5 % en mayo. Aunque los números muestran una desaceleración, el poder adquisitivo sigue en caída libre, y no hay indicios de recuperación real en los ingresos. De hecho, en lo que va del año, la inflación acumulada ya supera el 13 %, y los salarios estatales apenas se han movido.
Frente a esta situación, la paritaria nacional fue reducida a una formalidad vacía: el Gobierno impone montos ínfimos sin ninguna voluntad de negociar seriamente. El 1 % otorgado para julio es un claro ejemplo de eso. Desde ATE denunciaron que se trata de “una provocación” y afirmaron que el salario real de los trabajadores del Estado ya cayó más del 40 % en lo que va del año. Por su parte, UPCN sostuvo que “la paritaria está desvirtuada” y que el Gobierno directamente “impone” cifras que no se corresponden ni siquiera con la inflación mensual.
Ajuste, disciplinamiento y desmantelamiento del Estado
El recorte salarial no es una medida aislada, sino parte de un plan deliberado para achicar, disciplinar y desarticular el Estado nacional. La política económica de Milei se apoya en el congelamiento salarial, el cierre de organismos, la no renovación de contratos, la eliminación de programas públicos y la desinversión en áreas clave como educación, salud, ciencia y cultura.
Mientras en varias provincias se acuerdan aumentos salariales más razonables, muchas veces con cláusulas gatillo o revisiones mensuales, los trabajadores del Estado nacional son sistemáticamente postergados. El contraste es brutal y agrava la ya tensa relación entre el Gobierno y los sindicatos.
El ajuste fiscal, convertido en dogma por el presidente, no distingue entre gastos superfluos y esenciales: el salario de los trabajadores se convierte en la principal variable de recorte, con consecuencias directas sobre el funcionamiento del Estado y la calidad de los servicios públicos.
¿A qué costo se sostiene el superávit?
El 1 % de aumento anunciado para julio no sólo es insuficiente: es una señal política. Milei no está simplemente aplicando un plan económico; está enviando un mensaje de castigo y desprecio hacia el empleo público, a quien responsabiliza ideológicamente de todos los males del país. El problema es que, detrás de ese relato, hay miles de trabajadores cuyos ingresos ya no alcanzan para vivir.
El Gobierno se jacta de haber frenado la inflación y logrado el superávit. Pero si para conseguirlo hay que licuar salarios, paralizar funciones esenciales del Estado y empobrecer a sus empleados, entonces la verdadera pregunta es: ¿superávit para quién y a costa de qué?
