El Gobierno nacional oficializó una polémica reforma en materia de seguridad. A través del decreto 383/2025, la ministra Patricia Bullrich autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes en redes sociales y requisas personales o vehiculares sin orden judicial, una medida que ya generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal.
El decreto, firmado también por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue publicado este martes en el Boletín Oficial y forma parte de un rediseño institucional que, según el propio texto, busca alinear a la Federal con “prácticas del FBI”.
Patrullaje digital y detenciones preventivas
Entre los puntos más controversiales del decreto se destacan:
La posibilidad de vigilar redes sociales y sitios públicos de internet sin autorización judicial.
La detención de personas en la vía pública ante la sola presunción de delito, aun sin orden de un juez.
La retención por hasta 10 horas de personas que no acrediten identidad o generen sospechas, según el criterio de los agentes.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que estas herramientas apuntan a combatir el crimen organizado y los delitos federales complejos. Pero para muchos sectores, se trata de una peligrosa habilitación a prácticas arbitrarias y discrecionales.
“Murieron las libertades democráticas”
La abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), fue contundente:
“Esto es un ciberpatrullaje recargado. Murieron las libertades democráticas. Lo único peor sería una dictadura sin necesidad de decretos”.
También se pronunció la exministra de Seguridad Sabina Frederic, quien señaló:
“No esperar la orden judicial es una arbitrariedad. Se está habilitando un comportamiento por fuera del marco legal”.
Cambios internos en la Federal
Además de las nuevas atribuciones de vigilancia, el decreto incluye reformas internas en la estructura de la Policía Federal:
Reducción del escalafón de suboficiales.
Posibilidad de reconversión a oficiales según estudios o experiencia.
Sistema de ingreso universitario para futuros agentes.
Sin debate legislativo
Como otras medidas recientes del gobierno de Milei, la reforma no pasó por el Congreso y se impuso por decreto, sin debate parlamentario ni control judicial. Diversos actores advierten que este tipo de disposiciones podrían derivar en abusos durante protestas sociales o manifestaciones públicas.
