¿Dónde está la plata? Esa es la pregunta que sobrevuela el Congreso. La Cámara de Diputados citó a funcionarios nacionales para que expliquen qué pasó con los miles de millones recaudados por el impuesto a los combustibles, que deberían haber financiado rutas, transporte y viviendas. Pero la realidad es otra: las obras están paralizadas y las provincias no reciben un peso.
A pedido de la oposición y con el apoyo de varios gobernadores, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales citó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular del ARCA, Juan Alberto Pazo, para el próximo 5 de agosto. También deberá presentarse el jefe de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, junto a técnicos de la Comisión Federal de Impuestos.
Provincias al límite: Nación recauda, pero no devuelve
El enojo de los gobernadores no es nuevo, pero ahora se volvió acción concreta. Denuncian que el Gobierno nacional se queda con la recaudación, pero no redistribuye como corresponde. Mientras tanto, las rutas están abandonadas, no se construyen viviendas y el transporte público no recibe un centavo.
“Queremos saber cuánto se recaudó y por qué no se ven los resultados. Las rutas están detonadas y no hay un solo plan de vivienda en marcha”, lanzó el diputado Juan Manuel Pedrini, presidente de la comisión. Y no se guardó nada: también apuntó contra José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto, por “no mover un dedo” para tratar los proyectos que impulsan los gobernadores.
Cambios en puerta: nuevo reparto de fondos y coparticipación
El trasfondo de esta pulseada es el tratamiento de dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado. Uno busca modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el otro coparticipar el impuesto a los combustibles. El objetivo: que las provincias reciban directamente el 57% de lo recaudado, mientras que el resto se destinaría a Nación, jubilaciones, transporte y fondos estratégicos.
En el caso de los ATN, el nuevo esquema plantea repartir un 25% en partes iguales entre las provincias y el 75% restante según la ley de coparticipación.
Con 31 diputados integrando la comisión, el Congreso inicia así una ofensiva política para poner la lupa sobre el manejo de los recursos públicos, en un momento en que la tensión entre Nación y provincias ya no se disimula.
