La Justicia le puso un límite al avance del Gobierno sobre los organismos del Estado. La jueza federal Martina Forns ordenó suspender el DNU 461/24, firmado por Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida responde a un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que denunció el riesgo de despidos masivos, traslados forzosos y pérdida de estabilidad laboral.
Forns dictó una cautelar por seis meses, durante los cuales el Ejecutivo no podrá avanzar con ninguna reforma estructural ni modificación laboral en el organismo, hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Los argumentos del fallo
La jueza consideró que existen dos elementos clave para justificar la suspensión: la verosimilitud del reclamo sindical y el peligro en la demora, ya que el decreto representaba una amenaza directa a los derechos laborales consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo y en los convenios colectivos.
También cuestionó que el DNU dejaba en manos de la Secretaría de Transformación del Estado decisiones que antes pasaban por la negociación colectiva, afectando así la autonomía sindical y la estabilidad laboral.
Qué puede pasar ahora
El fallo señala que las medidas impulsadas por el Gobierno podrían provocar un “daño inminente e irreparable” para cientos de empleados de Vialidad, por lo que se justifica la intervención judicial.
La Casa Rosada tiene la posibilidad de apelar la resolución. Si lo hace, será la Cámara Federal de San Martín la que deberá decidir si mantiene o revoca la suspensión del decreto.
