El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo paso en su plan de ajuste: privatizar el 51% de AySA, la empresa estatal que presta el servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El objetivo es que el control quede en manos privadas a partir de 2026.
Pero no es solo un cambio de dueño: con la privatización llegan nuevas reglas que golpean directamente al bolsillo y los derechos de los usuarios. Si no pagás, te podrán cortar el servicio. Las tarifas subirán cada tres meses por inflación. Y lo más polémico: las obras que antes financiaba el Estado ahora serán cobradas en la boleta directamente a los vecinos.
Menos protección, más negocio
El Gobierno quiere hacer de AySA un negocio atractivo para inversores, incluso internacionales. Ya comenzaron los “roadshows” organizados con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para tentar a empresas extranjeras interesadas en quedarse con la compañía.
Hoy el Estado tiene el 90% de AySA, mientras que el 10% está en manos de sus trabajadores. La idea oficial es entregar la mayoría accionaria a un “operador estratégico con experiencia” y que el resto se cotice en Bolsa en 2026.
AySA abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones con cloacas, y es la segunda empresa más grande del rubro en América Latina. Tiene 6.200 empleados, tras una reducción del 20% desde que asumió Milei.
Tarifazos, recortes y “eficiencia”
En lo que va de 2024, las tarifas subieron un 317% y la empresa registró su primer superávit operativo desde 2007. El Gobierno justifica la privatización diciendo que desde la reestatización en 2006, AySA recibió más de 13 mil millones de dólares en subsidios públicos.
Pero detrás del discurso de eficiencia, el ajuste lo pagan las familias: menos subsidios, más tarifas y obras cargadas al usuario, en un sistema que todavía arrastra graves problemas de infraestructura y conectividad.
