Sin agenda oficial ni transmisión institucional, el presidente Javier Milei viajó a Córdoba a un evento partidario que recaudó más de $100 millones. Fue en el avión presidencial, con un operativo de seguridad digna de una cumbre internacional, pero todo para una fiesta ideológica privada. La prensa, prohibida. Una periodista, expulsada pese a haber pagado su entrada. Y el Estado, una vez más, al servicio del show.
Avión oficial, seguridad federal y millones en gastos para un acto partidario
Este martes, Milei se trasladó a Córdoba para participar de la llamada “Derecha Fest”, un evento cerrado que cobró entradas de hasta $35.000 y embolsó más de $105 millones. El viaje no figuró en la agenda oficial, no tuvo cobertura institucional y no representó ningún acto de gobierno. Aun así, fue costeado con recursos del Estado: el Lear Jet 60 de la flota presidencial, escoltas de la Casa Militar, gendarmes, policías y hasta militares.
Se estima que el operativo involucró unos 250 efectivos de distintas fuerzas, con gastos en viáticos, logística y transporte oficial. Todo para cubrir un trayecto de apenas 3,7 kilómetros desde el aeropuerto al Hotel Quórum, donde se realizó el acto.
Un evento privado, ganancias millonarias y censura total
La Derecha Fest no fue gratuita ni abierta: fue un show ideológico con entradas pagas, sponsors y merchandising, pero sin prensa ni transparencia. La periodista Melisa Molina (Página 12) fue expulsada del lugar pese a haber comprado su entrada. Según relató, personal de Casa Militar intentó sobornarla con $40.000 para que no contara lo sucedido.
La transmisión fue inexistente en los canales oficiales y no se acreditaron medios. Mientras tanto, la organización privada recaudó cifras millonarias. Solo el alquiler del salón costó cerca de USD 65.000. ¿Quién pagó eso? Las entradas y sponsors. ¿Y quién pagó el operativo presidencial? El Estado.
Pedido de informes y sospechas de ilegalidad
El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno detalle con qué justificación legal se usaron bienes del Estado y fuerzas de seguridad en un evento sin carácter institucional. También exige saber quiénes integraron la comitiva y cuánto costó el despliegue.
El asunto no es menor: se trata del uso del aparato estatal para beneficiar a una organización privada con fines partidarios y económicos. Milei podrá decir que los políticos no viajan en colectivo, pero tampoco deberían usar el avión presidencial para ir a un recital ideológico pago.
