El Gobierno nacional avanza a toda velocidad con uno de los ejes centrales de su plan de ajuste: la privatización de bienes y servicios públicos. Esta semana prevé lanzar la licitación de 4400 kilómetros de rutas nacionales que hasta ahora estaban bajo gestión estatal, como parte de la segunda etapa del desguace de Corredores Viales S.A.
Los pliegos técnicos ya están listos y se publicarán en la plataforma Contratar, con respaldo de una resolución firmada por el secretario de Transporte, Luis Pierrini. La maniobra incluye tramos estratégicos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis, muchos de ellos hoy sin concesión y bajo administración directa del Estado.
📉 Menos Estado, más negocio
El discurso oficial habla de “eficiencia” y “modernización”, pero detrás se esconde un esquema clásico: rutas públicas entregadas al capital privado por 20 o 30 años, con tarifas atadas a la inflación, cláusulas de ajuste extraordinario, y el compromiso de obras básicas (bacheo, señalización, limpieza, etc.) que no justifican semejante nivel de entrega.
Los contratos contemplan una revisión automática de tarifas cada seis meses, y permiten extender el plazo a tres décadas si las empresas ofertan el valor máximo permitido por el Estado. Es decir, si cobran el tope, les va mejor. Un esquema que prioriza la rentabilidad empresaria por sobre el bolsillo de los usuarios.
Además, el Gobierno exige que al menos el 50% de los peajes implementen tecnología free flow antes de 2026. Aunque esto se presenta como “progreso”, en la práctica significa peajes invisibles, cobro automático sin intervención humana, y en muchos casos, sin margen de apelación para los usuarios. También implica una reducción drástica de puestos laborales en el sistema de cobro manual.
🛑 ¿Quién gana y quién pierde?
Detrás de la licitación aparecen viejos conocidos del negocio vial. Empresas que ya participaron del esquema de PPP (Participación Público-Privada) durante el macrismo y que ahora buscan volver al ruedo con contratos a largo plazo, garantizados por el Estado pero pagados por los usuarios.
La gran perdedora es Corredores Viales S.A., la empresa pública creada para gestionar rutas estratégicas sin fines de lucro. Con esta licitación, su rol queda severamente reducido. También están en la mira los trabajadores del sector, que podrían sufrir despidos, traslados o precarización.
Pero el golpe más fuerte será para millones de personas que usan estas rutas a diario: trabajadores, transportistas, familias, productores. Pagarán más por circular, y lo harán por décadas, sin haber sido consultados.
📌 Lo que viene
En paralelo, el Gobierno ya prepara una tercera etapa del plan de privatización vial, que abarcará otros 3900 km distribuidos en once provincias. El objetivo final es concesionar más de 9100 kilómetros, es decir, el 20% de toda la red nacional y el 80% del tránsito del país.
Con este modelo, el Estado se corre, los privados hacen negocio y la población paga la cuenta. Nada nuevo bajo el sol, pero con peajes más caros, menos control, y contratos blindados por décadas.
