Jubilaciones de agosto: cuánto se cobra, qué pasaba con la ley vetada y cómo sigue el poder adquisitivo

El haber mínimo será de $314.305 y se mantiene el bono de $70.000. Si se aplicaba la ley vetada por Milei, el ingreso más bajo subía un 16,5%.

Mientras el Gobierno sostiene su política de ajuste, los haberes jubilatorios vuelven a quedar por debajo de lo que podrían haber sido si se hubiese aplicado la ley aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Con la fórmula actual de movilidad y el bono congelado, la mayoría de los jubilados y pensionados continúa perdiendo frente a la inflación.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?

Con la suba de 1,62% por la movilidad vigente desde abril, el haber mínimo se ubica en $314.305,37 (bruto) y $304.876 (neto, tras descuentos). El haber máximo será de $2.114.977,60 bruto o $1.997.508 neto.

Además, quienes cobran el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $384.305 bruto o $374.876 neto. Ese bono también actúa como “garantía de ingreso mínimo”, por lo que si un haber es menor a $384.305, se paga un extra para llegar a ese monto.

Sin embargo, como el bono está congelado, su peso dentro del ingreso total disminuye, y el aumento real para quienes cobran el mínimo es de apenas 1,31% en agosto.

¿Qué hubiera pasado con la ley vetada?

La ley vetada por Milei contemplaba:

Una suba del 7,2% para todos los haberes.

Aumento del bono de $70.000 a $110.000.

Actualización mensual del bono según inflación.

Con esa ley en vigencia, el haber mínimo con bono habría llegado a $446.935 bruto o $436.827 neto, es decir, $61.951 más que lo que efectivamente se cobrará: un 16,5% de diferencia.

En el caso del haber máximo, el monto habría subido a $2.267.256 bruto o $2.141.329 neto, unos $143.820 más: una mejora del 7,2%.

Por ejemplo, un jubilado que en julio cobró $500.000, con la ley habría cobrado $544.683 en agosto. En cambio, con la fórmula actual, cobrará $508.100: una diferencia de $36.583.

¿Por qué se vetó la ley?

El Gobierno ya había anticipado que rechazaría la norma. El argumento es el impacto fiscal: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las mejoras en jubilaciones y pensiones implicarían un gasto anual equivalente al 0,79% del PBI, que subiría al 1,47% si se suman otras medidas como la moratoria previsional.

En contraste, las fuentes de financiamiento previstas en la ley (como redireccionar fondos de las Sociedades de Garantía Recíproca) aportarían solo el 0,39% del PBI, lo que no alcanza ni para cubrir la mitad del gasto estimado.

El poder adquisitivo sigue golpeado

Desde abril, los haberes se actualizan mensualmente por inflación según el DNU 274. Entre enero y agosto, los aumentos acumulan un 21,03%, que en principio superaría la inflación del período según estimaciones privadas.

Sin embargo, esta mejora beneficia principalmente a los jubilados que no cobran bonos (unos 3 millones de personas), quienes ven una recuperación tras años de pérdida.

En cambio, quienes reciben el haber mínimo con el bono congelado solo acumulan una suba del 16,5% en lo que va del año, por debajo de la inflación.

Según datos del primer semestre de 2024:

Los haberes sin bono recuperaron un 2% de poder adquisitivo.

Los haberes mínimos con bono perdieron un 1,12% real.

En junio, el ingreso real de quienes cobran la mínima fue un 7,8% inferior al de principios de año.

Además, los aumentos actuales no compensan la pérdida acumulada en años anteriores. Entre 2020 y 2023, la fórmula de movilidad previa (ley 27.609) generó una caída del 50,3% del poder de compra para los jubilados sin bono. Esa norma ya fue declarada inconstitucional por varias cámaras del país, y se espera un fallo de la Corte Suprema.