La provincia de Mendoza implementó una normativa estricta para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación infantil. A partir de ahora, los padres, tutores o cuidadores que se nieguen a vacunar a sus hijos podrán enfrentar multas de hasta 336 mil pesos, arresto por un máximo de cinco días o la obligación de realizar trabajo comunitario en centros de salud públicos.
La medida, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, establece que la vacunación es un derecho de los menores y un deber indelegable del Estado, por encima de la voluntad de los adultos responsables.
Además, se creó un protocolo específico para que tanto el personal de salud como el de las escuelas estén obligados a denunciar los casos de incumplimiento. Ante una negativa, las autoridades deberán otorgar un plazo de 30 días para que la vacunación se lleve a cabo en otro centro habilitado. Durante ese tiempo, el sistema de salud será responsable de monitorear el cumplimiento del compromiso.
El artículo 119 del Código Contravencional provincial respalda estas sanciones, que buscan reforzar la protección de la salud pública. También se ordena que toda denuncia registrada sea informada a la autoridad local y que los municipios utilicen esos datos para generar estadísticas sobre el estado de vacunación en la población infantil.
