Suspenden pensión por discapacidad a joven sin haberlo notificado a tiempo

Ezequiel Bravo, un joven de 26 años de Pirovano, partido de Bolívar, dejó de recibir su Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL) tras una suspensión que se basó en su ausencia a una auditoría. Sin embargo, la notificación le llegó después de la fecha límite para presentarse, por lo que nunca pudo realizar el trámite.

Ezequiel, que presenta un retraso mental con rasgos de autismo, fue informado oficialmente mediante una carta documento fechada el 28 de julio y recibida recién el 6 de agosto. En el documento, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) argumenta que la suspensión se debe a “causas imputables al beneficiario”, por supuestas inconsistencias en los datos del domicilio, y porque la empresa de correo no logró entregarle la citación para la auditoría.

El familiar de Ezequiel, Carlos Massoni, quien además es titular de FM Alpha, denunció la falta de sensibilidad y cuestionó duramente la medida: “La crueldad y el odio no tienen medida. Se ensañan con los más débiles, con los viejos, con las personas con discapacidad y con los niños”. Además, criticó a los funcionarios locales y les preguntó si “los candidatos de Bolívar pueden mirar a un abuelo o a un padre con un hijo con discapacidad a la cara después de esto”.

La decisión administrativa se ampara en el Decreto Nº 432/97, que establece la suspensión del pago cuando las notificaciones no se pueden entregar debido a inconsistencias en los datos del domicilio o por causas imputables al beneficiario. La carta documento también informó que Ezequiel tiene entre 20 y 30 días para apelar.

Este caso se suma a otras polémicas en Bolívar relacionadas con las auditorías de pensiones por discapacidad. En mayo, varios vecinos recibieron notificaciones a domicilios que la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad desmintió como vinculados a los trámites oficiales. Además, una mujer denunció maltrato por parte de los profesionales durante la evaluación, y la intentaron invalidar su certificado vigente desde hace dos décadas.