El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), arrancó un operativo gigante para revisar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral otorgadas en años anteriores. Bajo sospecha de irregularidades, se licitó el envío de 720.000 cartas documento a beneficiarios de todo el país.
Hasta ahora:
110.522 pensiones dadas de baja por “irregularidades”
8.107 por fallecimiento del titular
10.038 por renuncia
El Gobierno calcula que recortando pensiones “mal otorgadas” ahorrará $35.000 millones por mes. Según la ANDIS, las irregularidades podrían costar 1.000 millones de dólares al año.
El vocero Manuel Adorni remarcó que el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación, lo que deja en evidencia problemas para encontrarlos y un proceso de control todavía incompleto.
Crecimiento explosivo: entre 2005 y 2015, las pensiones subieron un 1.225%, llegando a más de un millón de casos. Adorni comparó las cifras con Israel, que vive en guerra, cuestionando cómo en Argentina creció tanto sin guerra ni desastres naturales.
Mientras tanto, sigue la polémica por el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba actualizar aranceles, regularizar pagos y reformar el sistema. La norma vigente regirá hasta 2027.
