La Justicia federal le dio un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei: suspendió la aplicación del decreto que habilitaba el corte del suministro de agua potable por falta de pago.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien cuestionó severamente los artículos del DNU 493/25 que permitían interrumpir el servicio.
“El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”, remarcó la magistrada en su fallo.
La decisión judicial
Forns subrayó que es improcedente cortar el suministro cuando la morosidad se deba a situaciones de vulnerabilidad social o cuando los usuarios se encuentren imposibilitados de pagar por razones particulares que merezcan tutela jurídica especial.
La acción fue presentada por Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres Coop. Ltda., quienes solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos del decreto que habilitaban los cortes de agua y desagües cloacales por falta de pago.
Argumentos clave de la jueza
El decreto establecía que el corte procedería por morosidad de 60 días para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura.
Forns destacó que el agua potable es un derecho humano fundamental, citando instrumentos internacionales como:
Resolución A/RES/64/292 de la ONU (2010), que reconoce el derecho al agua y saneamiento como esencial para la vida.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
Convención sobre los Derechos del Niño.
Con base en estos argumentos, la jueza ordenó suspender la aplicación del decreto en todos los inmuebles afectados hasta que se dicte una sentencia definitiva, resaltando que la norma cuestionada implicaba una regresión normativa que amenaza la vida, salud y seguridad de los usuarios.
