La Justicia de Estados Unidos suspendió la orden que obligaba a Argentina a ceder acciones de YPF y confirmó que el país no deberá presentar garantías mientras se resuelve la apelación.
La Corte de Apelaciones detuvo la medida dictada por la jueza Loretta Preska, que exigía entregar el 51 % de las acciones que el Estado posee en la petrolera. Según el analista Sebastián Maril, “las acciones del Gobierno en YPF podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”.
Qué habría pasado si no se frenaba la medida
El Gobierno había anticipado que, de no suspenderse la entrega de acciones, acudiría a la Corte Suprema de Estados Unidos. Con esta decisión, ese paso ya no será necesario.
La resolución llega tras la solicitud formal de Argentina de frenar el traspaso de las acciones hasta que se resuelva la apelación de fondo, que comenzará a fines de septiembre.
El trasfondo del litigio
El conflicto se originó con la estatización de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, aprobada por el Congreso. La sentencia de primera instancia obliga al país a pagar US$16.100 millones más intereses a los accionistas minoritarios al momento de la nacionalización, incluyendo a la familia Eskenazi.
En paralelo, la Cámara fijó la semana del 27 de octubre —justo después de las elecciones legislativas— para los alegatos orales de la apelación.
Qué esperar en los próximos meses
Mientras Argentina mantiene su postura de no negociar con los demandantes hasta agotar todas las instancias judiciales, el proceso seguirá en tribunales estadounidenses. El fallo de fondo será determinante para el futuro de YPF y su impacto económico en las arcas nacionales.
