La causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no se ve como un hecho aislado. Según la investigación federal a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, el esquema de recaudación ilegal podría replicarse en otras áreas del Estado bajo la administración de Javier Milei.
Investigación federal en Comodoro Py
El caso tiene como principales imputados a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, y a su equipo cercano. Según la investigación, Milei habría decidido no intervenir pese a las advertencias de Spagnuolo. La hipótesis se vio reforzada por un polémico comentario del Presidente en Junín: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
Medidas judiciales y bloqueos de bienes
El fiscal Picardi pidió a Casanello bloquear las cajas de seguridad de Spagnuolo, su número dos Daniel Garbellini, y de los dueños de la droguería Suizo Argentina: Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
Allanamientos en domicilios y oficinas permitieron incautar celulares y computadoras, aunque todavía no se ordenaron detenciones. Esto responde a un movimiento estratégico para evitar interferencias de aliados del gobierno libertario.
Durante los operativos, la seguridad privada de Nordelta habría alertado a Jonathan Kovalivker sobre la llegada de la justicia, con intención de vaciar cajas y ocultar pruebas. Por esto, Casanello evalúa procesar al jefe de seguridad del country, Ariel De Vincentis.
Antecedentes de los investigadores y datos de la causa
Casanello y Picardi son reconocidos en Comodoro Py por su rapidez y rigor. Casanello fue designado durante el gobierno de Cristina Kirchner, mientras que Picardi lleva más de 10 años como fiscal, investigando desde altos funcionarios del Ministerio de Planificación hasta casos de espionaje ilegal en la gestión de Mauricio Macri.
De los investigados, solo Garbellini colaboró entregando sus dispositivos electrónicos. Kovalivker entregó su celular pero se negó a dar la clave. La droguería Suizo Argentina llamó la atención de la justicia por un incremento de contratos sospechoso: pasó de 3.900 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones en 2025, según informes periodísticos.
