Guillermo Francos llevó al Congreso su primer Informe de Gestión como jefe de Gabinete, pero lo hizo en medio de un clima espeso: el escándalo por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que destaparon presuntas coimas en el área.
Aunque el informe oficial —más de 1200 páginas— evita cualquier mención al caso, la oposición ya adelantó que pondrá el foco en la crisis de la discapacidad y en la responsabilidad política de funcionarios de peso dentro del Gobierno.
Sin aumentos y con tijera
Francos fue claro: no habrá aumentos en los aranceles de las prestaciones por discapacidad. La última actualización fue en noviembre de 2024 y, según la Casa Rosada, cualquier modificación futura dependerá de lo que resuelva el Directorio de Prestaciones Básicas.
En paralelo, el Gobierno apuesta a auditorías y controles sobre las pensiones para “redirigir recursos hacia quienes realmente lo necesiten”. En los hechos, esto implica un congelamiento mientras los prestadores y beneficiarios reclaman por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
FMI primero, discapacidad después
La decisión se enmarca en la estrategia de ajuste pactada con el Fondo Monetario Internacional. En Balcarce 50 reconocen que solo habrá mejoras si logran recortar el gasto en Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Consultado sobre si el superávit se sostiene en estos recortes, el Ministerio de Economía se limitó a la fórmula de manual: “eficiencia, eficacia y economicidad en el uso de los recursos públicos”.
Un universo olvidado
En Argentina hay 1.855.978 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El 40% vive en la provincia de Buenos Aires, mientras que CABA, Santa Fe y Córdoba concentran otro 25%. Pese a la magnitud del sector, el Gobierno lo deja en pausa, entre auditorías, recortes y denuncias de corrupción.
