La Casa Rosada analiza distintos caminos para no aplicar el aumento de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras define si judicializa la medida tras la caída del veto en el Senado.
Aunque el presidente Javier Milei había anticipado el incremento, desde el Ejecutivo dejaron en claro que no se aplicarán los ajustes y que se estudia la estrategia que más dilate la implementación de la norma.
Las opciones que maneja el Gobierno
Entre las alternativas, se evalúa no presentar una demanda judicial de inmediato y responder a eventuales recursos de la oposición más adelante. Otra opción sería acudir a la Corte Suprema para pedir la nulidad de la sesión en la que se sancionó la ley, alegando que la autoconvocatoria del Senado sería ilegal.
También se analiza recurrir al fuero Contencioso Administrativo, argumentando que la ley no contempla más del 15% de los fondos necesarios y que podría generar un impacto fiscal significativo. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el equipo de Procuración del Tesoro, liderado por Santiago Castro Videla, encabezan estos análisis.
Sin aumentos hasta resolución judicial
Desde el Ejecutivo aclararon que, pese a los anuncios del vocero presidencial, Manuel Adorni, no habrá incrementos hasta que se resuelva la vía judicial. El financiamiento previsto contemplaba recortes sobre pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que aún están en auditoría; de un millón de pensiones, solo 280.000 beneficiarios fueron notificados hasta ahora.
Paralelamente, Nación trabaja sobre el veto a la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores opositores y aliados. Según fuentes oficiales, el presidente esperará diez días hábiles antes de firmar el veto, que se oficializaría la semana del 19 de septiembre.
