Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica presentaron un pedido formal de juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, tras su cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei relacionados con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Libertad de expresión vs. censura previa
Según Carrió y su equipo, la medida del magistrado constituye censura previa y vulnera el derecho a la libertad de expresión. En la presentación ante el Consejo de la Magistratura, solicitaron la suspensión inmediata de Maraniello y que se inicie su destitución.
Acusaciones de connivencia y abuso de poder
El pedido no se limita a la cautelar: los denunciantes apuntan a posibles vínculos entre Maraniello y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que podrían haber servido para encubrir causas en su contra. Además, destacan que Maraniello preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad que, según la denuncia, estaría relacionada con una red de tráfico de influencias y cuenta entre sus auspiciantes con laboratorios involucrados en casos de fentanilo contaminado.
Denuncias previas contra el juez
Maraniello acumula al menos cinco denuncias formales por abuso moral, acoso sexual y violencia de género presentadas por trabajadoras judiciales. “Estamos ante un juez que quebró su deber de imparcialidad y dañó la confianza pública en la Justicia”, afirmó la Coalición Cívica.
El caso generó un fuerte revuelo político y podría escalar si se avanza con el proceso de destitución, poniendo bajo la lupa tanto la actuación judicial como la conducta ética de Maraniello.
