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Comisión $LIBRA acelera la investigación: funcionarios y empresarios en la mira por el criptogate

La oposición pisa el acelerador en la investigación del escándalo del criptogate y citó a una extensa lista de funcionarios y empresarios vinculados al fallido proyecto $LIBRA. El objetivo: definir responsabilidades políticas y despejar las sospechas de corrupción que salpican al oficialismo.



La Comisión $LIBRA, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sesionará este martes a las 16. Allí deberán declarar el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex jefa de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación de Libra, Florencia Zicavo. También fueron citados los ex funcionarios Luis Villanueva y José Mazzoni, para que expliquen cómo reaccionó el Ejecutivo frente al estallido del caso.

Ferraro fue tajante: “La colaboración del Gobierno empieza por lo más simple: que Melik y Zicavo se presenten en la comisión como corresponde”.

Funcionarios de primera línea bajo citación

La agenda incluye a figuras centrales del oficialismo:

Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia)

Manuel Adorni (vocero presidencial)

Guillermo Francos (jefe de Gabinete)

Demian Reidel (Consejo de Asesores)

Con estas citaciones, la oposición busca trazar un mapa de las decisiones políticas que impulsaron la fallida criptomoneda.

Empresarios y promotores cripto

La comisión también interrogará a los promotores de Libra —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales— junto a empresarios vinculados al ecosistema cripto como Diógenes Casares y el estadounidense Charles Hoskinson, quienes aportarían datos sobre presuntos retornos indebidos ligados al entorno presidencial.

Entre los citados figuran además Jerónimo Walsh, Ariel Parkinson y Walter Kerr, traductor de la Casa Rosada que participó en reuniones clave con Hayden Davis, creador de Libra.

UIF y Asuntos Públicos, parte de la trama

Finalmente, declararán el titular de la Unidad de Información Financiera, Paulo Stark, y la ex subsecretaria de Asuntos Públicos, Giselle Castelnuovo, para cerrar un cuadro más completo de cómo operó el esquema que hoy investiga el Congreso.

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