La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa su mayor crisis financiera y laboral: adeuda sueldos, aguinaldo y acumula pasivos superiores a $14.000 millones.
En una asamblea extraordinaria de ATILRA, los trabajadores votaron por unanimidad avanzar con un pedido de quiebra con continuidad de explotación, que será presentado ante el juzgado de Rafaela, donde ya se tramita el concurso preventivo de la empresa.
Esta medida no implica un cierre inmediato, sino que busca mantener las plantas y los empleos mientras se exploran alternativas de gestión o la llegada de inversores.
Deudas y salarios impagos
SanCor adeuda sueldos desde abril, el aguinaldo del primer semestre y aportes sociales. Según el gremio, el pasivo laboral de los últimos cinco meses supera los $14.000 millones, mientras que la empresa reconoce 1.860 créditos laborales preconcursales por $69.000 millones.
Los trabajadores denuncian que la cooperativa ignoró más de 2.500 intimaciones de pago, evidenciando su insolvencia y cesación de pagos.
Producción mínima y plantas paralizadas
La actividad industrial cayó drásticamente: procesa solo 50.000 litros de leche diarios y el 90% de sus plantas están inactivas. En un año, SanCor perdió 500 empleos, quedando con 850 trabajadores tras retiros voluntarios, jubilaciones y despidos.
La única planta parcialmente operativa es la de Devoto, Córdoba, que funciona bajo contrato con Elcor, fabricante de la marca Tonadita, aunque esto no alcanza para revertir la crisis.
Concurso preventivo sin avances
El concurso abierto a principios de año no mostró resultados: la empresa aún no presentó un plan de reestructuración ni convocó a los actores principales.
Abogados de acreedores advierten que, en caso de quiebra, solo cobrarían el Estado y acreedores privilegiados, dejando a empleados y productores sin pago.
SanCor, un símbolo en peligro
Fundada en 1938, SanCor fue la mayor láctea del país, con fuerte presencia en exportaciones y marcas emblemáticas. Intentos de rescate, incluidos capitales nacionales y extranjeros y un fideicomiso apoyado por el Gobierno en 2021, fracasaron por falta de consenso y dudas sobre el pasivo real.
