InicioPoliticaDenunciaron a Javier Milei tras admitir que fue él quien decidió encarcelar...

Denunciaron a Javier Milei tras admitir que fue él quien decidió encarcelar a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la justicia, luego de admitir públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de enviar a la cárcel a la exmandataria Cristina Kirchner.



Durante una entrevista en LN+, Milei afirmó: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, refiriéndose a la condena firme contra la expresidenta.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó directamente la indagatoria del mandatario por invadir la esfera de otro poder del Estado. La otra denuncia fue realizada por la abogada Valeria Carreras. Ambos casos serán tramitados en los tribunales de Comodoro Py.

Para los denunciantes, los dichos de Milei representan “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”.

Dalbón, quien representa a Cristina Kirchner en algunas causas civiles, señaló que la declaración del presidente refuerza la postura del lawfare y lo ocurrido en el caso Vialidad, en el que la expresidenta fue condenada con sentencia firme de la Corte. Según el abogado, las palabras de Milei “componen un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”.

Por su parte, Carreras aseguró que la confesión de Milei “deja expuesta explícitamente la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. Añadió: “Es una barbaridad que en Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes y de las garantías de debido proceso de los ciudadanos”.

Las denuncias se realizaron en el marco del artículo 248 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo “el funcionario público que ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen, o ejerciere las propias en forma abusiva”.

Destacados