El Gobierno oficializó la privatización de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Mientras tanto, avanza el plan para vender parte de Nucleoeléctrica Argentina, lo que encendió protestas gremiales y una ofensiva opositora en el Congreso.
El avance del plan privatizador de Milei
El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su programa de privatizaciones energéticas con la publicación de la resolución 1569/2025 en el Boletín Oficial. La medida autoriza la venta total de las sociedades que administran las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, a través de un concurso público nacional e internacional.
La resolución, firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona a pedido del Ministerio de Economía, ordena que los pliegos se publiquen en las plataformas CONTRAT.AR, DGMARKET (del Banco Mundial) y en el sitio web de la Secretaría de Energía.
Según fuentes oficiales, las ventas forman parte de la estrategia para desprenderse de ENARS y así obtener divisas, reducir el gasto público y limitar la presencia estatal en el sector energético.
Las represas en el paquete
Alicurá: sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Potencia instalada de 1.000 MW y generación media anual de 2.360 GWh.
El Chocón: también sobre el Limay. Produce unos 3.350 GWh por año y cumple funciones de control de crecidas.
Piedra del Águila: una de las más potentes del país, con 5.500 GWh anuales.
Cerros Colorados: ubicada sobre el río Neuquén, genera 1.510 GWh y aporta riego, recreación y control hídrico.
Alarma por Atucha: Milei busca vender parte de Nucleoeléctrica
En paralelo, el Ejecutivo avanza con la venta del 44% del capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
El Plan Nuclear Argentino, encabezado por Demian Reidel, propone sumar inversión privada, aunque la iniciativa generó un fuerte rechazo político y sindical.
El Estado mantendría el 51% de las acciones y el 5% quedaría para los trabajadores, pero la oposición advierte que es el primer paso hacia una privatización total.
En el Congreso, el senador José Mayans (Unión por la Patria) busca declarar “inenajenable” a la empresa, aunque admite que el panorama electoral complica las chances de frenar la medida.
Protestas y sospechas
Las CTA convocaron a una caravana en defensa de Atucha, desde la rotonda de la planta hasta Zárate, bajo la consigna “Las centrales no se venden”.
A la tensión social se suman sospechas políticas y empresariales: sectores opositores vinculan las privatizaciones con la reciente inversión anunciada por OpenIA, creadora de ChatGPT, que promete un desembolso de US$ 25.000 millones para instalar un megacentro de datos en la Argentina, con un consumo energético monumental.
