Durante casi dos años, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue escenario de un sofisticado esquema de corrupción que, según el fiscal federal Franco Picardi, involucró asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada. La maniobra se basaba en las llamadas “compulsas reducidas”, un mecanismo que permitió direccionar compras públicas y generar un perjuicio estatal de más de $43.000 millones en solo 12 meses.
Los primeros responsables
Los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini fueron los primeros en quedar bajo la lupa judicial. Sin embargo, la causa apunta más alto: hacia quienes los colocaron dentro del organismo y a quienes habrían coordinado la cartelización de droguerías. Entre ellos aparecen los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, con vínculos políticos con los Menem, especialmente Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Cartelización y sobreprecios
La investigación determinó que el sistema informático de la Andis fue manipulado para dividir las compras en dos circuitos:
Regular: 14 a 16 empresas competían.
Reducido: solo 3 o 4 droguerías elegidas (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta).
Esto permitió aplicar sobreprecios extremos:
Macitentan: de $411.764 a $8,3 millones.
Burosumab: de $19 millones a $45 millones.
Guselkumab: aumentos de hasta 20%.
Pruebas judiciales
Entre las evidencias se incluyen audios en los que Spagnuolo detalla cobros de sobornos y el rol de Garbellini como recaudador, con menciones a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Niveles de responsabilidad
Según la fiscalía, se identificaron tres niveles de operación, siendo Spagnuolo y Garbellini los responsables de direccionar las compras, garantizar cobertura institucional y recibir pagos en efectivo.
El caso sigue bajo investigación y promete revelar conexiones más profundas entre funcionarios, empresarios y figuras políticas de alto perfil.
