El Gobierno activó la subasta de viviendas del extinto ProCreAr, un programa que nació para facilitar el acceso a la casa propia y terminó convertido en un catálogo de propiedades sin entregar. Ahora, esas unidades se venden al mejor postor en una plataforma online, en un proceso que expone años de desmanejo y promesas incumplidas.
Un cierre que revela más problemas que soluciones
Las casas y departamentos que ahora se rematan fueron construidos hace años, pero quedaron en un limbo burocrático que nunca permitió adjudicarlos. En vez de reparar lo que falló, el Estado optó por liquidarlo todo y dar por terminado el programa. Mientras tanto, quienes ya tenían créditos continúan pagando religiosamente, aunque el proyecto que los contenía dejó de existir.
Subastas digitales: la solución mágica
Las ventas se realizan en SUBAST.AR, donde cada propiedad aparece con fotos, planos y un precio base. Para participar hay que registrarse, pagar una garantía y entrar a competir en un proceso que –aunque prolijo en lo técnico– parece más pensado para cerrar balances que para facilitar el acceso a la vivienda.
No se exige crédito previo, pero sí demostrar solvencia al momento del pago. Es decir: el ProCreAr nació como política de inclusión, pero su cierre parece hablarle más a quienes ya cuentan con capacidad económica.
Lo que viene: ganadores, perdedores y obras olvidadas
El ganador de la subasta debe pagar rápido, escriturar y hacerse cargo de los gastos extra. Si falla en los plazos, pierde la garantía. Todo bajo una lógica más cercana a una subasta privada que a una política pública.
¿Y las obras inconclusas? Se transfieren a provincias, municipios o privados, casi como si se tratara de un stock sobrante. La prioridad parece ser sacarse de encima lo que queda del programa antes que recuperar su espíritu original.
