El proceso judicial contra Edgardo Kueider e Iara Guinsel ya tiene día y hora. El juicio por presunto intento de contrabando de USD 200 mil comenzará el 20 de abril de 2026 en Paraguay. La audiencia debía iniciar el 24 de noviembre de 2025, pero una serie de recursos planteados por la defensa terminó demorando el cronograma.
Todo se destrabó luego de que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos rechazara un planteo formal de los abogados, aunque una apelación posterior obligó a fijar una nueva fecha, confirmaron fuentes del expediente.
La detención y el proceso en Paraguay
La pareja fue detenida el 4 de diciembre de 2024, en el Puente de la Amistad, cuando intentaba ingresar a Paraguay desde Brasil. En el vehículo hallaron dólares, pesos argentinos y guaraníes. Desde entonces, ambos cumplen prisión domiciliaria.
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez los acusa de contrabando en grado de tentativa por haber sido encontrados “en flagrancia movilizando dinero sin documentación legal”. El delito, previsto en el Código Aduanero paraguayo, contempla hasta dos años y medio de prisión. En Paraguay, toda pena mayor a 24 meses implica cumplimiento efectivo.
El proceso también está atado a la extradición solicitada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Kueider por presunto lavado de dinero en el marco de la causa Securitas. La Fiscalía paraguaya ya dictaminó que ambos podrán ser enviados a la Argentina una vez terminado el juicio por contrabando.
La disputa judicial en Argentina
En paralelo, avanza la investigación local por enriquecimiento ilícito y delitos conexos, que mantiene un fuerte conflicto de competencia entre Arroyo Salgado y el juez de Garantías de Concordia, Ives Bastián. La controversia llegó a la Corte Suprema, que recién se pronunciará en 2026.
El abogado de Kueider, Juan Martín Cerolini, asegura que no tienen preferencia sobre qué jurisdicción avance. Pero en el entorno del exsenador reconocen que ven con mejores ojos que el expediente quede en San Isidro, donde se analizan sus movimientos entre 2015 y 2019. En Concordia, en cambio, la investigación abarca desde 1999.
Kueider sostiene que es víctima de una persecución política por haber apoyado la Ley Bases. En ese marco apuntó contra el fiscal federal Fernando Domínguez, a quien relaciona con Justicia Legítima. Sin embargo, colegas del funcionario lo describen como “íntegro” y “muy trabajador”.
Si la causa finalmente queda en Entre Ríos, la investigación quedará en manos del fiscal José Arias, a quien en el entorno de Kueider acusan de tener “animadversión hacia el peronismo”.
