La trama por presunta corrupción en la compra de medicamentos de alto costo dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno, al mismo nivel que el caso de la criptomoneda $LIBRA. Y el silencio de los indagados no hace más que amplificar la tensión puertas adentro de la Casa Rosada.
Calvete, el más comprometido
Los tres principales apuntados —Miguel Calvete, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini— adoptaron la misma estrategia: no declarar. La decisión apunta a que sea la Cámara Federal la que defina su futuro procesal.
De los tres, Calvete quedó más complicado tras el hallazgo de anotaciones durante un allanamiento que para la fiscalía resultan clave.
Un caso que creció más allá de los audios
Lo que al inicio parecía una denuncia basada en audios filtrados derivó en una investigación mucho más amplia. El fiscal Franco Picardi avanzó con ritmo acelerado mientras la causa estuvo bajo secreto de sumario, lo que aumentó el impacto político dentro de la gestión de Javier Milei, ya atravesada por cambios internos en el Gabinete.
Si bien las dudas sobre la legitimidad de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo persisten, para la fiscalía estos audios ya no forman parte del objeto procesal actual.
El vínculo político que incomoda al Gobierno
Aunque en la Casa Rosada insisten en que se trata de un expediente “acotado” a Spagnuolo, la causa escaló hacia afuera: involucra empresas farmacéuticas, operadores políticos y dirigentes territoriales.
El dato más incómodo es la aparición de los nombres de Karina Milei y “Lule” Menem, dos figuras ultra cercanas al Presidente, mencionados en presuntas maniobras irregulares dentro de un área extremadamente sensible como la asistencia a personas con discapacidad.
La casona de San Telmo y un patrimonio bajo la lupa
El foco judicial ahora se posa sobre una casona en San Telmo, atribuida a Calvete. Cámaras de seguridad registraron allí la presencia de Spagnuolo.
El lugar —presentado formalmente como “centro cultural”— no figuraba al inicio del expediente, pero su aparición encendió alarmas sobre el origen de los fondos utilizados para su compra y la cadena de titulares por la que pasó.
El testimonio que encendió las alarmas
El exasesor Fernando Cerimedo agregó un capítulo explosivo: declaró que Spagnuolo le había afirmado que Javier Milei ya estaba al tanto de las irregularidades.
Aunque para la Justicia eso no tiene peso concluyente, dentro del círculo de poder cayó como una bomba, alimentando la sospecha de que el Presidente o su entorno directo podrían haber conocido —o permitido— movimientos sin control.
Silencio calculado y un expediente que llega a la Cámara
De los 15 citados a indagatoria, solo cuatro se presentaron y todos guardaron silencio: Atchabahian, Calvete, Spagnuolo y Garbellini. Argumentaron dos razones:
el poco tiempo para analizar el expediente, que estuvo semanas bajo secreto;
la decisión de que sea la Cámara Federal porteña la que revise posibles procesamientos del juez Sebastián Casanello.
Ese tribunal —integrado por Boico, Farah e Irurzun— deberá resolver si la causa continúa o si se cierran capítulos claves. Varias defensas, entre ellas la de Spagnuolo y la de los hermanos Kovalivker (Droguería Suizo Argentina), pidieron la nulidad de los audios y denunciaron una “cacería de brujas”.
