A un año de su sanción, la Ley Bases dejó un saldo preocupante: caída del empleo registrado, desguace institucional, privatizaciones desordenadas y un régimen de inversiones que no despegó. El balance elaborado por el CEPA desarma uno a uno los pilares del proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei.
Concentración de poder y vaciamiento institucional
El Ejecutivo utilizó la delegación de facultades para gobernar por decreto: en doce meses dictó 157 decretos legislativos, de los cuales 61 se apoyaron directamente en la Ley Bases. Con ese poder, eliminó organismos clave como el INADI, ENOHSA y el ENTE Vía Navegable, además de disolver 20 fondos fiduciarios que sostenían programas de vivienda, integración urbana y desarrollo tecnológico, sin reemplazos en el sector privado.
Privatizaciones a la deriva
Aunque la ley habilitaba la venta de ocho empresas, el Gobierno avanzó más allá, impulsando privatizaciones de entidades no autorizadas por el Congreso como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Banco Nación (bloqueada por la Justicia). También se desmanteló el proyecto de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y se entregó IMPSA a capitales extranjeros en una operación calificada como “malventa” por el CEPA.
RIGI: beneficios sin resultados
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presentado como la gran herramienta para atraer capitales, apenas aprobó cinco proyectos en un año, cuatro de los cuales ya estaban en marcha. El informe advierte que el empleo generado es mínimo, el ingreso de divisas escaso y que los beneficios fiscales y cambiarios no exigen ni contenido nacional ni transferencia tecnológica.
Sistema tributario más injusto
Mientras se redujeron impuestos a grandes patrimonios como Bienes Personales, se reimplantó Ganancias para trabajadores. Resultado: mayor presión fiscal sobre asalariados y alivio para quienes más tienen.
Empleo en caída y más precarización
Lejos del “blanqueo laboral” prometido, se perdió empleo registrado y aumentó la informalidad. La ampliación del período de prueba y otras figuras flexibilizadoras solo fomentaron la rotación y la precariedad, sobre todo en el Estado.
Conclusión: más concentración, menos derechos
La promesa de modernización y eficiencia se convirtió en ajuste, concentración de poder y retroceso en derechos. Según el CEPA, la Ley Bases consolidó un modelo que debilita el aparato estatal, favorece a los grandes capitales y golpea al empleo y la producción nacional.
