El Gobierno está en alerta tras la caída de la recaudación y ya analiza nuevos recortes en organismos públicos. La preocupación principal en la Casa Rosada es el impacto fiscal de la reciente reducción de retenciones a las exportaciones agrícolas, que según analistas podría costarle al Estado más de US$1000 millones.
Desde el Ministerio de Economía mantienen cautela y aseguran no prever un déficit en el mediano plazo, confiando en que el crecimiento del sector compense la baja arancelaria. Sin embargo, admiten que aún no cuentan con medidas específicas para financiar el cambio.
En paralelo, el Ejecutivo prepara ajustes en los organismos que debió restaurar tras la caída de los decretos delegados. Entre los afectados se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las comisiones de regulación del transporte y seguridad vial.
Según fuentes oficiales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lidera las reformas, centradas en desregulaciones sobre el mercado inmobiliario y ciertos sectores exportadores. El objetivo, explican, es “reducir al máximo las estructuras sin contradecir lo aprobado por el Congreso”.
El Gobierno también mantiene expectativas moderadas sobre las negociaciones del Presupuesto 2026, que se abordarán después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Una posible prórroga de las partidas de 2023 no preocupa al oficialismo: “Así nos resulta más fácil avanzar”, reconocen desde la Casa Rosada.
Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, la administración proyecta impulsar directamente las asignaciones presupuestarias del año próximo, contando con un crecimiento de las bancas de La Libertad Avanza y de los bloques aliados a gobernadores.
