El Gobierno nacional aprobó tres nuevos préstamos internacionales por un total de USD 1.500 millones, destinados a fortalecer la política fiscal, modernizar la administración tributaria y mejorar el entorno de negocios. Los acuerdos fueron firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Grupo Banco Mundial.
Los decretos 488, 489 y 490/2025, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, fueron publicados este martes en el Boletín Oficial.
Cómo se distribuirán los fondos
USD 300 millones (BIRF): Serán destinados al Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia del sistema recaudador. El Ministerio de Economía será el organismo ejecutor, con apoyo técnico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
USD 400 millones (BID): Se orientarán al Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, que busca crear un entorno más favorable para las empresas y la inversión privada.
USD 800 millones (BID): Financierán el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II, enfocado en mejorar el uso del gasto público y promover un esquema fiscal sostenible.
Condiciones ventajosas y bajo impacto en la balanza de pagos
Según la Oficina Nacional de Crédito Público, los préstamos se obtuvieron en condiciones financieras más favorables que las disponibles en los mercados internacionales, con tasas y plazos más convenientes. Además, el Banco Central consideró que el impacto en la balanza de pagos será “limitado y consistente”.
En todos los casos, el ministro Caputo quedó autorizado a realizar modificaciones menores en los contratos, siempre que no impliquen aumentos en los montos ni cambios en el destino de los fondos.
Más financiamiento para empleo
Además, se formalizó un préstamo adicional por USD 230 millones con el BIRF, destinado al Proyecto Fomentar Mejores Empleos, que apunta a mejorar la empleabilidad de poblaciones prioritarias a través de programas de formación y capacitación laboral.
Estas operaciones se enmarcan en la estrategia del Gobierno de recurrir a financiamiento multilateral de bajo costo, en lugar de tomar deuda en el mercado de capitales, como parte del plan para reducir el déficit fiscal sin comprometer la capacidad operativa del Estado.
